Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Junta Electoral ordena retirar las esteladas de los edificios públicos

El organismo acepta el recurso de Societat Civil Catalana para que no haya banderas independentistas en campaña

Una estelada ondea el Ayuntamiento de Gallifa.
Una estelada ondea el Ayuntamiento de Gallifa.

La Junta Electoral Central dictó ayer una resolución en la que ordena retirar de “edificios públicos y locales electorales” las esteladas (banderas independentistas catalanas) para preservar la neutralidad en campaña electoral. El organismo dictaminó tras un recurso de Societat Civil Catalana que localizó 394 banderas secesionistas en 323 municipios. La mayoría de ellas ondean en espacios públicos como avenidas o rotondas. La Junta Electoral, sin embargo, ha ceñido su orden a los edificios. Esquerra instó a los Consistorios a izar la estelada el 24-M y Convergència presentará un recurso para que se suspenda la medida.

El soberanismo reaccionó con indignación tras la resolución de la Junta Electoral que ordena retirar esta campaña las banderas independentistas de “edificios públicos y locales electorales”. Convergència optó por el silencio aunque fuentes del partido aseguran que presentará un recurso solicitando la suspensión cautelar. Esquerra pidió que, en respuesta a la prohibición, los Ayuntamientos coloquen la estelada el día de las elecciones. La Asamblea Nacional Catalana (ANC, la entidad que ha convocado las manifestaciones de las Diadas) y la CUP invitaron a los ciudadanos a colocar las esteladas en los balcones. “Desobedezcamos solemnemente”, dijo el diputado David Fernández (CUP). La Asociación de Municipios por la Independencia, que mantiene un enconado pulso con la Delegación del Gobierno por la guerra de banderas, instó a sus asociados, en un ambiguo comunicado, a acatar la orden.

La estelada forma parte del paisaje de múltiples de municipios catalanes desde la eclosión del proceso soberanista en 2012. Pero esta es la primera vez que la Junta Electoral interviene en el asunto. El organismo actuó a raíz de una petición de Societat Civil, entidad antisecesionista, que denunció la presencia de esteladas en edificios y espacios públicos (no se refiere a los privados) y pidió que, al menos en la campaña, fuesen retiradas por ser incompatibles “con la obligación de neutralidad de los poderes públicos”.

La Junta Electoral asume en su escrito ese criterio e insta a los poderes públicos a “abstenerse de colocar en edificios públicos y locales electorales símbolos que pueden considerarse partidistas y deben retirar los que se hubieran colocado antes de la convocatoria electoral. Este criterio resulta aplicable a las banderas objeto de consulta”. Por ello, insta a las cuatro Juntas Electorales provinciales a que se respete la neutralidad en cumplimiento de la ley.

El organismo, sin embargo, no incluye en su acuerdo la pretensión de Societat Civil de extender la orden a las banderas de los espacios públicos. De las 394 esteladas localizadas por el colectivo, 71 ondean en edificios públicos como Ayuntamientos, parques de bomberos o bibliotecas y el resto están en la calle. José Domingo, secretario de la entidad, mostró su satisfacción con la resolución e interpretó que la junta se refiere a todas ellas con independencia de donde ondeen. Domingo se basa en un auto de un juez que en marzo rechazó ordenar al Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) retirar una estelada gigante de una plaza pública. Sin embargo, avisó de que cosa distinta sería si se estuviera en campaña y aconsejó al colectivo a acudir en ese caso a la Junta Electoral.

La guerra de las banderas dio un balón de oxígeno al soberanismo, desplazado en esta pugna electoral.. ERC pidió que se responda a la prohibición con votos. Fue la misma tónica de la ANC: “Cambiemos el prohibir por el llenar: llenemos los balcones de esteladas. Llenemos las urnas de votos”. La CUP llamó a la implicación ciudadana: “¿Aún no tienes la estelada en el balcón? Ningún balcón sin ella”. Societat Civil se mostró indiferente ante la posibilidad de que la decisión de la Junta Electoral pueda tener un efecto bumerán entre los partidarios del soberanismo. “No importa. Las leyes que cumplirlas”, dijo. “La resolución es trascendente y contribuye a la calidad democrática”. El colectivo confía en que los alcaldes retiren las banderas que han colocado o consentido. En caso contrario, se arriesgan a una sanción de 1.000 euros. El PSC y el PP presentaron sendos recursos en la Junta: el PSC pidió que se retirara una estelada en Tàrrega y el PP, en Cervera (ambas localidades en Lleida). Miquel Iceta, de PSC, dijo:“Por sentido común, los espacios electorales tienen que ser absolutamente neutros”.

Más información