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El juez investiga a dos médicos por no alertar de las prótesis de Traiber

El Hospital de Santa Tecla tuvo un caso grave seis meses antes de la alerta sanitaria

Luis Márquez, el viernes a la salida del juzgado de Reus.
Luis Márquez, el viernes a la salida del juzgado de Reus.

Las prótesis caducadas de Traiber empezaron a causar daños a pacientes seis meses antes de la alerta lanzada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para que los productos de la empresa fueran retirados de todos los hospitales españoles. El juez que instruye el caso, y que investiga a dos médicos, ha tenido conocimiento de al menos un caso, ocurrido en mayo del año pasado en el hospital Santa Tecla de Tarragona, en el que un paciente tuvo que volver a ser operado por intensos dolores solo un mes y medio después de pasar por quirófano. Los médicos se toparon en la segunda intervención con que la pieza recién implantada estaba muy deteriorada, pero no comunicaron el incidente al sistema de alertas sanitarias. Ahora el juzgado investiga por qué.

El incidente ocurrió el 5 de mayo de 2014 en un quirófano del hospital Santa Tecla, un centro integrado en la red pública pero que también realiza actividad para seguros médicos privados. Este era el caso del paciente afectado, que acudió al hospital por molestias en una prótesis de rodilla de Traiber que le había sido implantada en otro hospital nueve años antes.

Tras varias pruebas, los traumatólogos del centro descubrieron que era necesario reemplazar una de las piezas de la prótesis, concretamente la parte que está compuesta por un plástico llamado polietileno. Como la prótesis tenía nueve años de vida, el hecho no llamó inicialmente la atención a los facultativos. El Santa Tecla, según un portavoz, “no ha utilizado nunca prótesis de Traiber”, por lo que el centro sanitario se tuvo que poner en contacto con la empresa para que le suministrara la pieza a sustituir. “Cambiar una pieza es más sencillo y menos invasivo para el paciente que sustituir toda la prótesis”, añadió este portavoz.

Primera operación

La primera intervención se llevó a cabo a finales del mes de marzo de ese año y transcurrió sin incidentes. Poco después de recibir el alta, sin embargo, el paciente empezó a sentir intensos dolores y problemas de movilidad en la rodilla. Tras acudir al hospital de nuevo, y comprobar los traumatólogos que algo no iba bien, decidieron intervenirle de nuevo. Alertaron a Traiber de lo ocurrido y una responsable de la empresa se trasladó al hospital para estar presente durante la intervención.

Lo que ocurrió a continuación creó un momento de gran tensión en el quirófano, según explican extrabajadores de Traiber. “Cuando abrieron la rodilla, los traumatólogos se encontraron con que la pieza de polietileno blanco implantada solo unas semanas antes estaba muy deteriorada y de color amarillo”, relatan estos trabajadores.

Los médicos reprocharon el hecho duramente a la responsable de Traiber presente: “Ya os podéis ir del hospital. Nunca más volveremos a compraros una sola pieza. Esto es para denunciaros”, le espetaron los facultativos según cuentan estos trabajadores.

Pero los médicos no denunciaron el hecho a la AEMPS, que es la máxima autoridad en materia de seguridad y calidad de medicamentos y productos sanitarios. El Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, que investiga el caso Innova, quiere saber por qué los facultativos y el hospital no pusieron en conocimiento de la AEMPS lo ocurrido. Los investigadores consideran el hecho o “muy relevante”, según fuentes del caso, porque estiman que esto pudo retrasar seis meses la retirada de los productos de Traiber de toda España. “Seis meses en los que los productos caducados y con permisos falsificados se siguieron implantando a muchos más pacientes”, explican.

La agencia reiteró ayer que no tuvo denuncia sobre los productos de Traiber hasta el pasado mes de octubre. Fueron trabajadores de la propia empresa los que, tras tener conocimiento de lo ocurrido, se decidieron a denunciar lo que estaba ocurriendo ante la AEMPS. “Llevábamos tiempo viendo que las cosas no se estaban haciendo bien. Había mucha tensión dentro de la empresa. Pero fue tras saber esto que decidimos dar el paso”, explican estos trabajadores.

2.800 pacientes vigilados

Tras recibir la denuncia, la AEMPS la trasladó a la Inspección Sanitaria de la Generalitat. Esta comprobó en solo unos días la gravedad de los hechos —venta de productos caducados, falsificación de permisos, falta de licencias...—, por lo que el 7 de noviembre fue lanzada la alerta sanitaria y los hechos fueron puestos en conocimiento de la fiscalía.

El Departamento de Salud informó ayer de que están bajo revisión 2.800 pacientes a los que les ha sido implantada una prótesis de Traiber en los últimos años. Hasta una treintena de hospitales públicos y privados de Cataluña han utilizado los productos de la empresa en la última década.

Más de la mitad de los afectados fueron operados en el hospital Sant Joan de Reus. En este centro, además de la alerta sanitaria, el juez del caso Innova investiga “las presiones” recibidas por facultativos del centro de altos cargos municipales para que volvieran a comprar en 2014 material de Traiber. A finales de 2011 habían dejado de utilizarlos precisamente porque tenían dudas sobre su calidad.

El juez del caso, Diego Álvarez de Juan, ha imputado por ello a la primera teniente de alcalde, Teresa Gomis (CiU); al dueño de Traiber, Lluís Márquez; y a media docena de altos cargos de la empresa municipal que gestiona el Sant Joan por un delito contra salud pública, entre otros.

 

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