La Fiscalía defiende su “neutralidad” política frente a CDC en el ‘caso Palau’

La Fiscalía y Jueces por la Democracia han dado hoy un paso adelante frente a las críticas recibidas en los últimos días desde Convergència Democrática de Catalunya (CDC) por los avances en la investigación de dos procesos contra la corrupción que afectan al partido: el caso Palau y el caso Innova.

La Fiscalía ha emitido esta mañana un comunicado para recordar que actúa "conforme a los principios de legalidad e imparcialidad" y que se mantiene "neutral respecto a la campaña electoral que comienza esta medianoche". El malestar del ministerio público responde a las acusaciones recibidas ayer desde CDC después de que EL PAÍS  revelara que ha solicitado el embargo de 15 sedes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el 'caso Palau'.

El partido acusó a la Fiscalía de "buscar el titular" y de querer perjudicar a la formación ante el inminente arranque de la campaña electoral. En el último punto de la nota pública, la Fiscalía subraya que ha pedido el embargo en este momento "porque ha sido ahora, y no antes ni después, cuando CDC ha vendido su sede y ha ofrecido garantías sustitutorias que valen la cuarta parte de aquélla".

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pidió ayer al juez instructor del 'caso Palau' que embargue las 15 sedes que CDC ha puesto como garantía para hacer frente a su responsabilidad civil por haber cobrado, presuntamente, comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último gobierno de Jordi Pujol. El valor de esas sedes asciende a 3,6 millones, una cifra que sigue estando por encima de los 3,2 millones de fianza que le fueron solicitados al partido hace tres años, en plena instrucción del caso.

Convergència puso entonces como aval la sede central del partido, en la calle Còrsega de Barcelona, que tiene un valor superior a los 12 millones de euros. Entre tanto, la investigación acreditó finalmente que las comisiones de Ferrovial al partido nacionalista ascendieron a 6,6 millones de euros. Al partido no se le exigió aumentar la fianza, en parte por el valor de la sede. Hace unos días, sin embargo, la formación anuncio que ha vendido la sede central y puso a disposición del juzgado sedes y locales por un valor muy inferior (3,6 millones).

Eso es, en última instancia, lo que ha motivado que la Fiscalía haya solicitado no solo el embargo de los 15 locales, sino también que se incrementen las garantías hasta los 6,6 millones de euros. "El Fiscal ha procedido conforme a derecho, pidiendo el embargo inmediato de las 15 nuevas fincas, para para evitar que de nuevo la parte a la que la ley obliga a afianzar pueda disponer a su antojo de los bienes sujetos al procedimiento", señala el comunicado. Las fincas "serían insuficientes para cumplir la obligación legal de afianzar que debe soportar CDC", añade.

Por su parte, la Jueces por la Democracia en Cataluña ha mostrado esta mañana en un comunicado su "más enérgico rechazo" ante las declaraciones del protavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, en las que cargó contra el juez que instruye el caso Innova. Homs criticó que la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis (CiU), pasara tres días detenida "mientras el juez se tomaba un café en la plaza".

Jueces por la Democracia dice que "respeta y defiende la libertad de expresión del consejero", pero que "también hay que exigirle que ejerza la crítica con respeto" y "sobre todo con veracidad y rigor". El comunicado acusa a Homs de "confundir a la ciudadanía cuando dice que la detención responde a una decisión del juez cuando en realidad  fue el efecto de una actuación policial i esconde que la duración de la detención policial no superó el límite legal de las 72 horas". Jueces para la democracia también recuerda a Homs que el juez "no intervino durante la detención porque ni la persona detenida ni su abogado solicitaron un habeas corpus, como podrían haber hecho si consideraran que la detención era ilegal o desproporcionada".

El comunicado de los magistrados acaba con una nota irónica: "Estamos seguros que el consejero puede hacer bien su trabajo, con puntualidad, sinq ue se lo impida el hecho de tomar un café. ¿Por qué no puede hacer el juez lo mismo?".