El programa de Ciudadanos incluye desprivatizar cuatro hospitales

Ciudadanos es partidario de revisar el modelo de gestión 100% privada de los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba, según señala el programa electoral de esta formación. Los cuatro, que funcionan por el conocido modelo Alzira, una fórmula que creó el Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, son los últimos que Madrid ha abierto en la región a cambio de una concesión por un periodo de 30 años.

El partido de Albert Rivera, al que las encuestas otorgan un rol decisivo para la formación de Gobierno tras las elecciones del 24 de mayo, entiende que “es prioritaria” una ley que regule “los servicios básicos no privatizables, para ver cuáles de ellos no se pueden dejar en manos de terceros”, explica el candidato regional, Ignacio Aguado. La propuesta, que se engloba en un paquete de 200 reformas, es uno de los puntales del programa autonómico que Ciudadanos presenta hoy.

El Gobierno regional, del PP, esgrime que la titularidad de estos cuatro complejos médicos es pública y gratuita para los usuarios. La diferencia es que, al contrario de lo que sucede en los otros 32 hospitales de la red pública del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el personal sanitario depende de las empresas adjudicatarias: IDC Salud en el caso de los centros de Valdemoro, Móstoles y Villalba; y Sanitas en el del hospital de Torrejón de Ardoz.

Aguado subraya que, “respetando siempre la seguridad jurídica de las empresas”, la supuesta eficiencia que se atribuye a las compañías encargadas de su gestión “está por demostrar”. “Para llegar a esa conclusión queremos conocer las memorias explicativas, los contratos y el informe redactado, una información fundamental que sin embargo el Gobierno regional ha negado de forma sistemática a la oposición en la Asamblea de Madrid”, expone el responsable de Ciudadanos. “Privatizar tiene que ser el último recurso de un gestor público; para privatizar vale cualquiera, lo difícil es gestionar bien desde lo público”, añade Aguado. El Constitucional acaba de avalar, sin entrar al fondo del asunto, la ley que inició la privatización sanitaria

Aguado: “Está por ver la eficiencia de las empresas gestoras”

La Comunidad abrió el hospital de Villalba a finales de 2014, convirtiéndose en el undécimo hospital construido por el Gobierno regional desde 2003. Lo hizo con tres años de retraso sobre la fecha prevista. Pese a no estar operativo, el mantenimiento costó en esos tres años más de 20 millones de euros (seguridad, limpieza, desinfección y desratización, etcétera).

Los 36 hospitales de la Comunidad se gestionan de tres formas: directa, indirecta y privada. En la actualidad coexisten hasta siete modelos distintos de gestión. En cada extremo se encuentran, por un lado, los hospitales enteramente públicos del Insalud, como La Paz o el Doce de Octubre, y los cuatro del modelo Alzira o el modelo PPP (partenariado público-privado).

“Privatizar lo hace cualquiera. Hay que gestionar desde lo público”

En el medio hay cinco combinaciones que abarcan todo el espectro de la gestión público-privada: los hospitales con estatus especial de Fuenlabrada (todo el hospital es una empresa pública) y Alcorcón (fundación pública); el hospital militar Gómez Ulla, que es el centro de referencia para los habitantes de los distritos de Carabanchel y Latina tras el convenio de 2011 entre la Comunidad y el Ministerio de Defensa; el concierto de la Fundación Jiménez Díaz, y el modelo mixto —modelo PFI o Iniciativa de Financiación Privada, en sus siglas en inglés—, impulsado por Esperanza Aguirre como presidenta de Madrid (2003-2012), y en el que la compañía concesionaria se encarga de todo menos de la parte sanitaria. Es el caso de los seis hospitales cuya gestión Ignacio González quiso privatizar: Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla), del Tajo (Aranjuez), del Henares (Coslada), y del Sureste (Arganda). La excepción es el de Puerta de Hierro (Majadahonda), que también es un modelo PFI pero, al contrario que los otros seis, no es una empresa pública.

Otra de las ideas fuerza de Ciudadanos es que los diputados regionales se dediquen “en exclusiva” a su función parlamentaria. Por ejemplo, los alcaldes no podrían compaginar su labor municipal con el escaño, como sucede ahora. La Asamblea de Madrid cuenta con 129 diputados (72 del PP, 36 del PSOE, 13 de IU y 8 de UPyD). Tampoco podrían alternar el trabajo en el Parlamento autonómico con los negocios privados. Sí se permitiría su participación en tertulias o la publicación de libros. “Con esto buscamos que los diputados no desempeñen su labor de manera parcial y con otros intereses”, sostiene Aguado.

El partido también cree necesaria la reducción del número de componentes de la Asamblea, y rebajar su número hasta 101. PP y UPyD han defendido esta legislatura la disminución de escaños, frente a PSOE e IU.