La Comunidad tendrá que pagar 34 millones a la Rey Juan Carlos

La Comunidad de Madrid tendrá que pagar a la Universidad Rey Juan Carlos 34 millones de euros que se había comprometido a aportarle antes de que empezara la crisis y que nunca le dio. El Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad a abonar a la universidad el dinero que le había asignado en el Plan de Financiación de las Universidades Públicas 2006-2010 y en el Plan de Inversiones 2007-2011, que se vio reducido de forma drástica por los recortes aplicados desde 2008.

Los jueces del alto tribunal ya condenaron en 2013 al Gobierno regional a abonar 43 millones a la Complutense por el mismo motivo y en los próximos meses, previsiblemente, repetirá sus argumentos en los pleitos planteados en el resto de campus públicos de la Comunidad. El tribunal recuerda que el Gobierno regional se comprometió a aportar a cada una de las universidades una determinada cantidad de dinero al año y a incluir esta cifra en las futuras Leyes de Presupuestos. El plan de financiación lo firmó Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad en 2006, pero, ya en plena crisis, decidió recortar las partidas para las universidades y redujo la financiación de manera unilateral. Los jueces reprochan a la Comunidad esta decisión y le recuerdan que los dos planes tenían naturaleza jurídica.

En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Trillo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo obliga a la Comunidad a abonar a la Rey Juan Carlos 22 millones por el Plan de Inversiones y 12 por el de Financiación. El fallo estima parcialmente el recurso de la universidad contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que en febrero de 2013 admitió que la Comunidad había incumplido el acuerdo de financiación, pero solo la condenó a pagar la cantidad adeudada de 2008 (811.000 euros). El Supremo obliga también a abonar la financiación comprometida para 2009 y 2010, lo que suma 34 millones del total de 42,6 que reclamaba el campus.

“Entendemos que el plan no es una mera previsión del gasto que en la intención de las partes quedara supeditada a lo que establecieran las Leyes de Presupuestos correspondientes”, advierten los jueces, que recuerdan que el Plan de Inversiones establecía “una obligación” para el Gobierno de Aguirre y que los documentos firmados no traslucían “en modo alguno”, que la financiación “quedara condicionada a la disponibilidad de fondos”.

El tribunal esgrime también los compromisos adquiridos por la Comunidad en el Plan de Financiación 2006-2010, firmado en septiembre de 2005. De él se infiere que Madrid, había aportado “y se comprometía a seguir aportando” la cobertura financiera para la financiación que ahora reclama la universidad, necesaria para sufragar sus gastos corrientes.