Colegios catalanes boicotean la primera gran evaluación de Wert

Más de 360.000 alumnos de 3º de primaria están convocados a lo largo de mayo a la primera gran evaluación externa de la LOMCE. Es un examen para estudiantes de ocho y nueve años centrado en comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas. El ministerio ha fijado un marco general y cada comunidad autónoma adapta los contenidos con preguntas diferentes. Ayer comenzaron los alumnos de Navarra, Ceuta y Melilla y Cataluña, donde una treintena de escuelas planean boicotear la prueba. Hay regiones, como Asturias, que anuncian que no piensan ponerla en práctica y otras que lo harán de forma reducida, como Canarias. El Ministerio responde que llevará a los insumisos a la Alta Inspección o a los tribunales.

Los primeros rechazos se vivieron ayer en Cataluña, donde cada centro debe fijar sus fechas de examen hasta el próximo 15 de mayo. Una treintena de escuelas catalanas —el 0,78% del total— pretenden boicotear la prueba como “una forma de visibilizar la oposición a la LOMCE”, explica Maria José Ruiz, portavoz de la Red de Escuelas Insumisas (XEI, por sus siglas en catalán). La red pide a los padres que no lleven a sus hijos al centro en los días de evaluación. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres Catalana (FAPAC) rechazan la prueba, igual que sindicatos docentes de Cataluña y del resto de España o la principal confederación de padres de alumnos de la escuela pública, la CEAPA, con 11.000 asociaciones y más de cuatro millones de familias, según sus datos.

La CEAPA lleva semanas promoviendo una campaña de boicoteo a la prueba, aunque no tienen constancia de que ningún centro del resto del país se haya sumado de forma unitaria al rechazo, como sí ocurre en Cataluña. “Igual que dar lengua o los idiomas, no corresponde a los padres decidir qué asignaturas hacen sus hijos o si tienen o no que pasar una prueba recogida en una ley orgánica”, advierte José Ignacio Sánchez, director general de Evaluación del Ministerio de Educación.

Los sindicatos docentes han convocado movilizaciones en Aragón y Madrid entre otras. Entre los motivos de rechazo, destacan que los resultados puedan servir para hacer listas de centros que perjudiquen a aquellos con una población más difícil y que no está claro cómo quedará recogido en el expediente de los alumnos o si contará para hacer medias. Eso corresponde fijarlo a las comunidades o los propios centros, según el ministerio, que defiende que es una prueba de diagnóstico que permite trasladar una información comparable entre colegios. Otro de los argumentos en contra es que “deslegitima la función docente”, como señala CC OO. Las pruebas se hacen con personal externo “desvirtuando otras evidencias de carácter más cualitativo” en la evaluación diaria de los alumnos. El Gobierno de Asturias ha anunciado que no hará la prueba este curso, Andalucía que la incluirá en la evaluación continua. País Vasco y Canarias la aplicarán de forma muestral en un grupo reducido de centros.

El ministerio replica que llevará a los insumisos a la Alta Inspección

Aún es pronto para comprobar el impacto real del boicoteo catalán. La Generalitat no tiene cifras. En la escuela El Bosc, un centro de Barcelona que pertenece a la XEI, se boicotearon ayer las pruebas. “Lo que buscan es hacer listas de escuelas buenas y escuelas malas. Eso en un marco de recortes. Lo encuentro escandaloso”, aseguró Oriol Costa, un padre del centro. “Es importante y necesario evaluar el sistema educativo, pero no tiene sentido hacerlo si después no hay los recursos para revertir lo que no se ha hecho bien”, añade Ruiz, una de las portavoces de la XEI.

La consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha manifestado en distintas ocasiones que “driblará” la LOMCE para no cumplirla y dice que no hará públicos los resultados, pese a lo que recoge la ley Wert. Los sindicatos y las familias la acusan de hacer un doble juego. Oficialmente, la Generalitat defiende que las pruebas de 3º de primaria es el mismo examen que la comunidad autónoma aplica desde 2000, y que se hacía a los alumnos de 5º, y que se han adelantado para hacerlas coincidir con el final del primer ciclo. También recuerdan que se trata de una prueba "diagnóstica y orientativa" y que no constará en el expediente del menor.

Educación subraya que la prueba es obligatoria. “La ley orgánica establece unas evaluaciones que son responsabilidad de las comunidades autónomas y de los propios centros”, añade el director general de Evaluación. Sánchez asegura que se requerirá un informe a la Generalitat sobre “cuáles han sido las razones [del boicoteo] y cómo piensan evaluar a esos alumnos con total colaboración”. El siguiente paso es enviar a los funcionarios de la Alta Inspección a los centros. “En caso de que los requerimientos no sean atendidos, iremos al Contencioso Administrativo”, advierte.