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El Consell pone en alquiler la sede de Administración Pública

El edificio puede albergar a una marca de regalos y complementos

Sede de la antigua Consejería de Administración Pública, en la calle Micalet de Valencia.
Sede de la antigua Consejería de Administración Pública, en la calle Micalet de Valencia.

El Gobierno valenciano sigue adelante con su plan de desamortización de inmuebles. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige Juan Carlos Moragues, tiene previsto alquilar en las próximas semanas la sede de Administración Pública, ubicada en el número cinco de la calle del Micalet de Valencia, y el edificio que albergaba diferentes dependencias de la Consejería de Bienestar Social en la céntrica calle Colón de Valencia en los números 78 y 80.

La medida es continuación del denominado Plan de optimización de patrimonio de la Generalitat que prevé la venta o alquiler de un gran número de inmuebles en la ciudad de Valencia, varios de los cuales albergaron en su día las sedes centrales de varias consejerías. El objetivo, tras la recentralización de la mayor parte de los servicios en el complejo administrativo 9 d’Octubre, levantado en el recinto de la antigua cárcel Modelo de Valencia, es obtener ingresos y reducir costes en el inmovilizado.

La decisión se ha adoptado después de que se hayan presentado ofertas en firme por los inmuebles de la calles Micalet y Colón. Según fuentes de la Generalitat, el emblemático edificio situado junto a la catedral podría acoger una conocida marca de regalos y complementos, mientras que por las antiguas dependencias de Bienestar Social en la calle de Colón han mostrado interés una empresa que quiere instalar una residencia de estudiantes y otra que busca un lugar céntrico para una academia de idiomas.

Para rentabilizar estos inmuebles, el departamento de Hacienda ha previsto el traslado de la oficina Prop existente en el edificio de la calle Micalet al bajo que la Generalitat tiene en la avenida de Barón de Cárcer, 25. Las secretarías autonómicas de Administración Pública, de Sector Público Empresarial y la dirección general de Recursos Humanos se ubicarán en la antigua sede del Instituto Valenciano de Estadística de la plaza de Nápoles y Sicilia, ya trasladado al complejo 9 d’Octubre. El resto de departamentos afectados se reubicarán en la antigua cárcel Modelo.

Los traslados permitirán liberar el edificio ubicado a un tiro de piedra del Palau de la Generalitat, que tiene 3.814 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 717 metros cuadrados. Las dependencias de la calle Colón ya se hallan vacías y la dirección general de Patrimonio ya tiene avanzado el pliego de condiciones del arrendamiento.

Según fuentes de la Consejería de Hacienda, en solo ocho años se conseguirá amortizar la inversión realizada en el complejo administrativo 9 d’Octubre gracias al ahorro en inmuebles alquilados y la venta o arrendamiento de los que todavía son patrimonio de la Generalitat.

El arrendamiento de la antigua Consejería de Justicia y de las dependencias de Bienestar Social en la calle Colón son continuación de la puesta en el mercado inmobiliario de las antiguas sedes de las consejerías de Infraestructuras (en la avenida de Blasco Ibáñez), Medio Ambiente (en la calle del arquitecto Alfaro), Economía (en la calle Colón) y Bienestar Social (en el paseo de la Alameda), y otros edificios emblemáticos como la antigua sede del Ivace (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) situada en la plaza del Ayuntamiento, o la sede de la Generalitat en Madrid en la plaza del Españoleto.

Los principales contratos de arrendamiento firmados hasta ahora por la Generalitat han sido con la Agencia Tributaria, la firma textil Bershka, la empresa de artículos de regalo Ale hop y una consultoría.

El consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, aseguró recientemente que el abandono de inmuebles de alquiler y el traslado de personal al complejo administrativo 9 d’Octubre supone un ahorro anual superior a los 11 millones de euros, a los que hay que añadir más de tres millones de euros por el arrendamiento de los edificios propiedad de la Generalitat. El Consell confía en que la venta de los inmuebles será más fácil de lograr si ya están arrendados.