Teresa Gomis pasará en el calabozo la tercera noche por orden del juez

El Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Baix Camp) decretó ayer libertad provisional con cargos para siete de los nueve detenidos este martes en una macrorredada por el caso Innova, en el que se investigan un reguero de irregularidades en empresas privadas y sociedades municipales de la provincia de Tarragona, la mayoría relacionadas con la sanidad pública. El juez Diego Álvarez de Juan dejó en libertad provisional al director general de la laboral Activa Mutua 2008, Miquel Àngel Puig. También a seis arrestados que tienen o han tenido cargos de máxima responsabilidad en Sagessa, sociedad municipal que controla una veintena de hospitales, ambulatorios y guarderías del Camp de Tarragona y las Tierras del Ebro. Son el exdirector general de Sagessa, Enric Agustí; Antonio Foz, director de aprovisionamiento y logística; Carles Abelló, director económico financiero; José Augusto García Navarro, exdirector general de la sociedad; Joan M.ª Benet, exgerente de Sagessa; y Lluís Nualart, exdirector del Hospital de Reus.

Todos ellos habían pernoctado dos noches en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil y permanecen imputados por delitos societarios, falsedad documental, delito contra la Administración Pública y blanqueo de capitales. Debido a la gravedad de estas acusaciones el juez les obliga a comparecer cada lunes en las dependencias judiciales, les retiró el pasaporte y les prohíbe salir de España, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La de ayer fue una jornada maratoniana en Reus porque además fueron citados otros dos empresarios: Ángel Matías Barberán y Francisco Gomà Segur, sobre quienes pesan las mismas imputaciones que el resto de acusados. El segundo es empresario de Medilab, dedicada a la venta de material médico. Barberán, en cambio, está relacionado con Ambulàncies Reus, grupo del que un fondo de capital riesgo adquirió en 2011 la mayoría de las acciones. La Guardia Civil debía arrestar a Barberán el martes, pero la orden no pudo efectuarse ya que se encontraba en Marruecos, explicaron fuentes cercanas al caso.

Las imputaciones obedecen a la pieza separada 4 del caso Innova, centrada en presuntas ilegalidades detectadas en la gestión y la facturación de los centros de la red de Sagessa —de la que los miembros de su consejo se llegaban embolsar 1.000 euros por reunión— con sus proveedores. Sobre uno los equipamientos municipales investigados, el Hospital Sant Joan, quedan además por pagar más de 90 millones de euros de sus obras. El hospital lo gestaron el CatSalut y el Ayuntamiento, aunque un informe del primero ya en 2006 habría alertado de su futura sobredimensión, con “numerosos excesos” según diversas fuentes, y recomendando que fueran poco más de 60.000 los metros cuadrados a construir y no 93.000, como acabó siendo.

Imputados por blanqueo de capitales directivos de Sagesa y empresarios

Los interrogatorios continuarán hoy, ya que siguen en la Comandancia del Instituto Armado dos detenidos a los que Álvarez de Juan prolongó una noche más su detención. Se trata de Luis Márquez, propietario de una empresa de productos ortopédicos y de traumatología. Traider, SL, en concurso de acreedores, y que causó en noviembre una alerta sanitaria que obligó a revisar cientos de pacientes de prótesis que no contaban con los permisos. A la teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis (CIU), se le reserva el último turno para pasar a disposición del juez. Gomis, que es licenciada en Ciencias Exactas, habrá rozado el límite máximo que prevé la ley, 72 horas, en los calabozos. En el entorno de Gomis no se oculta el malestar que ha provocado el proceder de la policía y se señala que se la ha sobreexpuesto. La concejala fue detenida en su domicilio y cuando era nuevamente conducida desde el Ayuntamiento hasta su casa para registrarlo, caminó unos metros entre una muchedumbre que la abucheó. El abogado de Gomis, Pau Molins, opinó que no tenía conocimiento de los delitos que se atribuyen a Gomis ni de los motivos que justifican su privación de libertad. Molins no dudó en hablar de decisión “desproporcionada” y aseguró que durante las visitas hechas a su clienta en la Comandancia la había podido ver “con la conciencia muy tranquila”. De puertas afuera, el gobierno de CiU en el Consistorio de Reus trata de echar balones fuera a las críticas alegando el relevo envenenado que dejó el gobierno tripartito capitaneado hasta 2011 por el socialista Lluís Miquel Pérez. El caso Innova suma más de 50 imputados en tres años de investigación.