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4.175 familias se acogen al plan de Puig contra la pobreza energética

Las entidades piden flexibilizar las condiciones para llegar a más personas

Felip Puigm, consejero de Empresa y Ocupación.
Felip Puigm, consejero de Empresa y Ocupación.

Durante el primer cuatrimestre de este año, 4.175 familias han solicitado las ayudas de la Generalitat para evitar el corte en el suministro de energía debido a su vulnerabilidad social. El consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, dio ayer de la cifra en respuesta a una pregunta parlamentaria de Esquerra Republicana, que mostró su preocupación por la falta de publicidad del mecanismo diseñado por la Generalitat para contener la pobreza energética. Las entidades sociales criticaron que aún no se haya puesto en marcha el fondo social con el que se sufragarán los impagos.

La cifra de beneficiarios del plan multiplica por 41 la última que había dado el propio Puig en febrero pasado y que correspondía a finales de 2014. Empresa y Ocupación calcula que el coste de sufragar la deuda de todas las familias que se han acogido asciende a un millón de euros. Un promedio de 239 euros de facturas impagadas por familia. En mayo, explicó el consejero, las empresas suministradoras confirmarán la cifra. “El Govern está dando cumplimiento al objetivo de garantizar que no se produzcan cortes indiscriminados de suministros en ningún hogar”, insistió Puig. El corte se evita si una familia logra que los servicios sociales de los ayuntamientos certifiquen su vulnerabilidad de acuerdo a unos requisitos que deben cumplir.

El consejero, sin embargo, prometió por enésima vez la puesta en marcha del fondo social con el que se pagarán las facturas de los pobres energéticos. En febrero, aseguró en sede parlamentaria que se constituiría ese mes. Ayer, sin mencionar nueva fecha, dijo que se está trabajando en la decreto que articula el fondo, que se instrumentalizará a través de la Agencia catalana de Consumo.

“El fondo ya debería estar listo. No entendemos los retrasos en algo que supuestamente tenía que estar listo en febrero”, aseguró Núria Sala, portavoz de Fuel Poverty Group. Los Presupuestos de la Generalitat destinan diez millones de euros al fondo, al que se supone que también aportarán dinero las empresas suministradoras e incluso se recibirán donaciones de particulares. “Tenemos constancia de las aportaciones públicas, pero queremos saber cuánto aportarán las eléctricas, empresas con grandes beneficios económicos”, se quejó Sala.

El Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) estima que hay 385.100 personas en situación de pobreza energética (el 5,2% del total). El año pasado, solo el Ayuntamiento de Barcelona entregó ayudas a 3.100 familias. Empresa y Ocupación calcula que unas 48.000 familias reciben ayudas para pagar los recibos por parte de ayuntamientos y entidades como Cruz Roja o Cáritas.

El balance de Puig no satisface a la Mesa del Tercer Sector, que denunció que “los criterios para evitar los cortes son tan restrictivos que en la práctica muy pocas familias pueden acogerse”. Por ejemplo, piden que dentro de la orden de la Agencia Catalana de Consumo se elimine la obligación de que el beneficiario de la ayuda sea el titular del suministro, ya que no contempla la realidad social de muchas familias que viven en pisos compartidos o temporales.

Asimismo, piden que no sea un requisito tener el bono social de energía o la Tarifa de Último Recurso de las empresas de gas. “La gran mayoría de los consumidores vulnerables atendidos por las entidades tienen contratadas tarifas libres y desconocen la existencia de un mercado protegido. Además suelen tener deudas acumuladas lo que les impide cambiar la tarifa”, dice la Mesa.

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