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Imputados tres policías por consentir obras ilegales en Sabadell

La juez del 'caso Mercurio' cree que responsables municipales toleraron movimientos de tierras ilegales en una finca del municipio

El caso Mercurio, la macrocausa contra la corrupción en Sabadell, sigue su curso. Una de las piezas en las que se desgajó la investigación -que indaga unos movimientos de tierras irregulares en el municipio- ha dado un salto adelante con la imputación de cinco personas más. La juez ha citado a declarar a tres agentes -dos cargos de la Policía Local y un agente del Cuerpo Nacional de Policía- por "consentir" unas obras ilegales en la finca de Can Xupa. Otras dos personas -un cargo del Ayuntamiento y un empresario- también han sido citados para el próximo mes de mayo por los mismos hechos.

La bautizada como "pieza 6" del caso Mercurio indaga, desde hace dos años, si los responsables del Ayuntamiento de Sabadell toleraron unos vertidos de tierras ilegales en la finca de Can Xupa. Hasta ahora estaban imputados dos exconcejales -Joan Manau, de Urbanismo, y Xavier Izquierdo, de Sostenibilidad- además del exconcejal del PP y presunto intermediario de la trama corrupta, Jordi Soriano.

Según relata el auto, Soriano pidió al Ayuntamiento una licencia para la "mejora agraria" de la finca a favor de su propietario. Pese a que no la obtuvo, comenzaron los trabajos de abocamiento de tierras, lo que provocó una serie de inspecciones policiales. La juez considera que la "intervención y actuación" de sus contactos en el consistorio, "todos ellos ediles o personal del ayuntamiento", permitió al principio que se abriera un expediente sancionador. Más tarde, el expediente se abrió, pero los trabajos de movimientos de tierras continuaron "con el beneplácito y consentimiento" de los imputados. Además, el expediente quedó "paralizado de forma intencionada".

Entre los imputados están el intendente de la policía local José Miguel Duran y el subintendente Antonio Sánchez. Las investigaciones de los Mossos d'Esquadra han revelado, además, que el empresario relacionado con los movimientos de tierras -José Manuel González, también imputado- "habría utilizado" a un funcionario del Cuerpo Ncaional de Policía para que "mediara en ante las actuaciones policiales que se efectuaban en la finca". El agente es Joaquín Cañete que, según la juez, pudo haber percibido del empresario "una cantidad monetaria" a cambio de esa ayuda.

El auto concluye que hay indicios de varios delitos contra la administración pública (tráfico de influencias, prevaricación y cohecho) y cita a declarar a todos los imputados (los nuevos y los que ya lo estaban) y a diversos testigos para avanzar en la investigación de los hechos.