‘Too Big to Jail’ y el TTIP

Mis disculpas al lector, pero en este caso el tema requería el recurso a las expresiones inglesas por razones que se entenderán en el caso de prestar atención a cuanto sigue.

En 29 de mayo de 2014 publiqué en la edición valenciana de este periódico un artículo bajo el título de La marea negra y el Tratado indio en referencia a Transatlantic Trade and Investment Partnership que tal es el oculto y opaco tratado que negocian los Estados Unidos y funcionarios de la Unión Europea. Por lo que dicen el bálsamo para nuestras zozobras económicas, de empleo y aun sociales o espirituales. Aclaré entonces que fue merced a una filtración del diario Le Monde, a mediados de abril que pudimos saber algo de lo que se traían entre manos los circunspectos negociadores en especial por los este lado, presididos por un comisario, Gucht, que ha pasado a engrosar el tránsito de las puertas giratorias europeas. La marea negra, innecesario aclarar se refería a la llegada al Parlamento de la extrema derecha con las consecuencias que ya comenzamos a conocer y experimentar. Se quedaron tratado y extrema derecha, y a lo que se me alcanza por tiempo.

El paso del tiempo alertó a algunos perspicaces lectores y también previno a la pléyade neocon y a los revestidos de socialdemocracia de mercado. Alertados contra una parte de los objetores ante lo que iba a ser un trato desigual, como el infligido a los indios a que aludí comenzaron a sacudirnos con las virtudes presuntas del negocio, con las señales de humo de buenos y malos en base a las virtudes democráticas: Venezuela y Rusia, malos malísimos; Arabia Saudita y los promotores de equipos de fútbol, acrisolados virtuosos de los derechos humanos, los buenos. Y otras distracciones que nos tuvieran entretenidos mientras urdían su desafuero.

La “negociación” del TTIP siguió su curso, con elecciones o sin ellas de manos de gentes que solo responden ante dios y la historia como acostumbramos a escuchar los antiguos súbditos del sur. Con alguna incomodidad a partir de sucesivas filtraciones que nunca explicaciones. Cedían los estados, los sacrosantos socios del club europeo, pero cedía el mismo club en la medida que dejaba a arbitrajes pagados por las corporaciones el juicio sobre los comportamientos de las mismas, definitivamente emancipadas de cualquier control democrático. Incluso de la justicia del país de origen de muchas de ellas, crisol de virtudes democráticas.

El libro del joven profesor de Derecho de Virginia, Brandon L. Garrett, Too Big to Jail (Harvard, 2015) me procuró además de una parte del titular de esta colaboración dos gozos/alarma que desearía compartir. La primera, gozo: gente preparada que denuncia hechos y prácticas ciertos con sello académico prestigioso. La alarma viene enseguida. La aplicación de una pauta jurídica muy norteamericana. En los años treinta ante la oleada de delincuencia originada por la crisis se construyó una figura de “justicia diferida” sobre todo de aplicación para jóvenes delincuentes. Detenidos, juzgados y condenados la aplicación de la sentencia se difería en el tiempo bajo dos condiciones, una sanción pecuniaria reducida y el compromiso del condenado de no volver a delinquir por un período de tiempo. Esto es de alguna manera la reinserción y un coste menor para la administración penitenciaria.

Bien, pues esta doctrina propia del New Deal ahora se está aplicando a las grandes corporaciones nos dice el profesor Garrett cuando conculcan leyes sobre la competencia, sobre la salud pública, la posición dominante, los acuerdos sobre precios y demás malas prácticas en especial cuando se trata de las farmacéuticas o la agroalimentación.

El compromiso que los hechos denunciados y probados no se repetirán en un período de tiempo y que se pagará una multa muy por debajo de lo que en principio habría sido en caso de aplicarse la ley a rajatabla a través de un procedimiento judicial con frecuencia oneroso sobre todo para la administración de justicia… La responsabilidad penal además no puede ser corporativa y los ejecutivos pueden esquivarla a través de los consejos de administración temerosos de recortar los beneficios de los accionistas que disminuirían el valor de sus acciones y por supuesto de sus retribuciones.

De acuerdo con lo que vamos sabiendo a partir de las filtraciones de abril de 2014 del diario Le Monde y las que han seguido uno de los elementos clave del tratado es la incorporación de estas “costumbres y prácticas” de la justicia norteamericana con lo que se hace cierta la máxima de “demasiado grandes para ser encarceladas”. Ni que decir tiene que el olvido de Pymes y demás es absoluto aunque los voceros y cabilderos, aquí llamados lobbistas prodiguen con gran éxito los beneficios de esta nueva jugada al amparo del libre comercio. La cárcel será suficiente para los pequeños, lo que no es novedad.

Ricard Pérez Casado es exalcalde de Valencia