El exjefe de prensa de Arenas alega ante el juez que su delito ha prescrito

La instrucción de la ramificación del caso Gürtel en Andalucía puede dilatarse algunos meses más. Dos de los primeros imputados en la causa, un técnico del Ayuntamiento de Jerez e Isidro Cuberos, exjefe de prensa de Javier Arenas, han pedido el archivo del caso y se han acogido a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional al entender que el delito de prevaricación que les imputó el magistrado Pablo Ruz ha prescrito. Ruz ya rechazó el archivo ante la solicitud de otra de las imputadas en el caso, pero tras el recurso y las alegaciones presentadas por dos defensas más, la sala y el nuevo juez instructor, José de la Mata, deben volver a resolver.

Cuberos está imputado como mediador del contrato que el Ayuntamiento de Jerez y las sociedades de la red Gürtel firmaron en enero de 2004. La alcaldesa María José García Pelayo (PP) adjudicó en esa fecha a las empresas de Francisco Correa el estand de la ciudad en Fitur por importe de 214.000 euros y el exjefe de prensa de Arenas, como intermediario, cobró de las sociedades beneficiadas por los contratos más de 50.000 euros.

Tanto la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han plasmado en varios informes que el proceso estuvo plagado de “irregularidades”. La Policía sostiene que las empresas Special Events y Down Town “realizaron contrataciones y efectuaron pagos” a distintos proveedores para la ejecución del pabellón de Jerez antes de que la regidora popular adjudicara los trabajos; y los peritos judiciales consideran acreditado que el Ayuntamiento “dio apariencia de legalidad a la documentación administrativa, incluidos los contratos, que no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos, sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos”.

La defensa de uno de los técnicos municipales imputados, Juan Pedro Cosano, entiende que el delito de prevaricación continuado está “prescrito”. Argumenta que la norma por la que se amplió a 15 años la prescripción de la prevaricación fue aprobada en noviembre de 2014 mientras que los hechos investigados se produjeron en enero de 2004. “No se puede aplicar esa norma con carácter retroactivo”, arguye el letrado no sin antes afirmar que de haber alguna ilegalidad en el proceso de adjudicación “no es responsabilidad técnica”.

Hasta ahora no hay imputados políticos en el caso. La alcaldesa Pelayo, quien firmó las adjudicaciones supuestamente irregulares, ha defendido hasta ahora que todo el expediente de contratación con Gürtel fue “impoluto” y “legal”. La edil ha reducido el proceso a una cuestión “administrativa”.

Este miércoles están citados a declarar en la Audiencia cuatro imputados más, todos vinculados a las sociedades de Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán y Javier Nombela.