La oposición al consorcio sanitario de Lleida presenta miles de alegaciones
La Marea Blanca moviliza a partidos, sindicatos y entidades en contra del ente
![Jessica Mouzo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F024ebe0f-2038-4927-b03f-be63b998c6a9.jpg?auth=a4787ecfa75e1fdf24be6a4e362b73236cf83411ccd33eef5ba5a01bc1d06469&width=100&height=100&smart=true)
![Manifestación en Lleida contra la creación del consorcio sanitario en noviembre del año pasado.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/DIFFO3MZ3EP7RXWHW5RFPGVMCQ.jpg?auth=5fc6ed6c3a26185460e927c85e30890d26e005017cd8a4818065d289de085641&width=414)
La suerte está echada. El sábado se cerró el plazo para presentar alegaciones a favor o en contra del controvertido proyecto del departamento de Salud de crear un consorcio en Lleida que unifique la sanidad pública en la provincia. El período de exposición pública que el consejero de Salud, Boi Ruiz, se empeñó en poner en marcha —pese a las mociones del Parlament que lo instaban a frenar el proceso— para seguir adelante con el procedimiento administrativo de creación del consorcio ha provocado la indignación de sindicatos, partidos políticos y actores sociales detractores del proyecto. En apenas 20 días, la campaña de alegaciones en contra de la Marea Blanca de Lleida consiguió reunir 11.000 firmas de apoyo.
En fila india, con batas blancas y cargados de cajas en las que se podía leer “Su consorcio, nuestra respuesta”, miembros de la Marea Blanca entregaron el sábado en la Delegación de la Generalitat en Lleida las 11.439 firmas de apoyo a su escrito de alegaciones.
Pese a que Salud modificó los estatutos iniciales del consorcio para que sólo puedan entrar empresas públicas a participar en su gestión —antes se admitían también privadas sin ánimo de lucro—, el documento de la Marea señala que los estatutos del nuevo ente abren la puerta a la gestión privada indirecta. Las bases recogen que el consorcio “puede realizar las actividades directamente o a través de cualquier forma de gestión admitida en derecho”. Esto implica, según la plataforma ciudadana, que se podrá “externalizar” la gestión de algunos servicios a entidades privadas. Las alegaciones de la Marea Blanca también critican “la pérdida de control público sobre la gestión”. Su portavoz, Gerard Sala, aseguró que “se han superado todas las previsiones” de apoyo ciudadano a las alegaciones que se esperaban. Las alegaciones se suman a las cerca de 40.000 firmas que ha recogido la entidad contra la creación del consorcio.
Dos profesores de economía dicen que los costes del proyecto superan al ahorro
La plataforma también dio su apoyo el pasado lunes a dos profesores de Economía de la Universidad de Lleida (UdL) que entregaron unos alegatos en clave económica. La UdL, miembro del nuevo ente, ya se desmarcó ligeramente del proyecto después de que Salud siguiese adelante con los trámites administrativos pese a las órdenes del Parlament.
Las argumentaciones del profesor titular de Economía Aplicada, Joan Pere Enciso y del ex profesor asociado de Economía Política, Ramon Morell, arranca con una dura crítica al informe económico que sacó Salud para justificar la puesta en marcha del nuevo ente. “La primera conclusión es que el documento no es un informe económico, sino un texto del actual estado de cuentas (…). Todas las cifras detalladas corresponden a los actuales organismos, no a los que generará la nueva unidad productiva”, explican. Los profesores señalan que las cuentas del nuevo ente “no son, ni mucho menos, las que resultarían de sumar las de los organismos que la integran”. “Solo la constitución jurídica del consorcio comportará unos gastos de entre ocho y 10 millones de euros a los que no se hace referencia”, critican. Ante esa cifra, los economistas tildan de “ridículo” el ahorro que, según el informe, supondrá el consorcio (unos 400.000 euros al año).
Salud asegura que también se han presentado alegatos a favor del proyecto
También grupos políticos y sindicatos presentaron alegaciones en contra. ICV tachó el proceso de “decisión unilateral tomada fuera del control democrático del Parlament” y propuso como alternativa integrar la sanidad pública de Lleida en el Instituto Catalán de la Salud (ICS). También la CUP se descargó a fondo en 20 folios de alegaciones en las que exige la retirada inmediata del proyecto. Ciudadanos y CC OO también presentaron sendos documentos en contra. Metges de Catalunya, además de exponer alegaciones a la totalidad, abrió un buzón de recogida de apoyos a su escrito.
“Estamos en un trámite de información pública, veremos que sale. Yo también les pido que cuando acabe este trámite, lean los resultados porque puede que les sorprenda”, retaba hace diez días el presidente Artur Mas a la oposición. Salud sostiene que cuentan con el apoyo de la juntas clínicas de los hospitales leridanos y de diversas organizaciones profesionales. Una portavoz de Salud en Lleida declinó cifrar el número de alegaciones recibidas “porque hay varios puntos de recogida y hay que contabilizarlos todos”, precisó. Con todo, aseguró que, aunque los alegatos de los detractores han hecho más ruido mediático, “también hay alegaciones a favor del consorcio”.
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