Condenados a año y medio de cárcel por el incendio de L’Alcalatén

Los diez trabajadores acusados de provocar el incendio que en 2007 arrasó 7.400 hectáreas de seis municipios de L’Alcalatén, en Castellón, han aceptado declararse culpables de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Todos ellos, en una sentencia dictada ‘in voce’ por el juez del juzgado de lo Penal 3, han sido condenados a un año y medio de prisión. La fiscal encargada de los delitos contra el medio ambiente reclamaba para todos ellos una condena de dos años y medio. Tanto la fiscalía como las acusaciones y los diez trabajadores han aceptado este acuerdo que pone fin a la vía penal ocho años después del trágico incendio, pero no a la civil (reclamación de indemnizaciones por los daños causados).

En el banquillo de los acusados se han sentado cuatro trabajadores de Iberdrola y seis de Montelpa, la empresa subcontratada por la eléctrica para realizar los trabajos de mantenimiento de la línea aérea de media tensión Atzaneta-L’Alcora. De los seis trabajadores, los cuatro operarios que fueron los encargados de los trabajos han sido condenados además al pago de una multa de 1.350 euros cada uno. El resto, superiores de Montelpa y los responsables de estos trabajos de Iberdrola, deberán pagar una multa de 2.250 euros.

El fuego se originó a finales de agosto de 2007 durante los trabajos de reforma de la línea eléctrica en una torre de Les Useres realizados en un día con un 90% de probabilidad de ignición, sin los medios preventivos necesarios y sin pedir el correspondiente permiso a la Generalitat, tal y como los acusados han admitido al aceptar el acuerdo. La fiscal relata en su escrito de acusación cómo los operarios utilizaron una radial sin ningún tipo de cautela para proteger la zona y procedieron a realizar los trabajos con unos medios “totalmente insuficientes”. La falta de medios les llevó incluso a tener que salir de la zona para buscar cobertura y llamar al 112 porque carecían de un equipo transmisor. Han sido condenados los dos superiores de Montelpa y los cuatro responsables de la compañía eléctrica por no facilitar los medios necesarios para realizar estos trabajos y “omitir” cualquier tipo de control.

El escrito de acusación de la fiscalía achaca a los cuatro trabajadores de Iberdrola, entre los que se encuentran el director de obra y los encargados de tramitar los permisos pertinentes a la Consejería de Medio Ambiente, que dicha omisión, así como la falta de una efectiva vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente “coadyuvó de manera eficaz” al “faltal desenlace”.

Inicialmente, estaban personados como acusación la Generalitat, la Diputación y los seis ayuntamientos afectados. Durante estos ocho años, todas las administraciones han aceptado las indemnizaciones (en muchos casos a la baja) y se han retirado del proceso judicial. Ninguna Administración ha reclamado responsabilidad penal por el incendio.

“Nos han dejado tirados como una colilla, los ayuntamientos debían estar aquí con nosotros”, se ha lamentado Pedro Gozalbo, el presidente de la agrupación de afectados por el fuego. Gozalbo ha explicado que reclamarán por vía civil –en el juicio que se retomará este miércoles- cuatro millones para los 57 afectados que han decidido llegar hasta el final (inicialmente fueron unos 400 en la asociación y otros 500 particulares) y otros 15 millones para la recuperación del territorio.

Durante todos estos años, cientos de vecinos también se han retirado del proceso al aceptar las indemnizaciones que las aseguradoras les ofrecían.