Imputado el alcalde de Sant Jaume de Llierca por delito urbanístico

El alcalde de Sant Jaume de Llierca y presidente de ERC en la Garrotxa, Ferran Puig, acudió este lunes a declarar a los Juzgados de Olot como imputado por un presunto delito urbanístico. Una vecina de la localidad que fue desahuciada le ha denunciado por la entrada ilegal en la vivienda, por derribarla sin autorización y por corrupción urbanística, por favorecer los intereses de una gran empresa saltándose la legalidad. Puig, que niega las acusaciones, asegura que hacía muchos años que la casa debía derribarse, que era de propiedad municipal y mantiene que todo se hizo de acuerdo con la ley.

La denunciante, representada por el bufete Montoliu Advocats, asegura haber vivido en esta casa desde siempre. Su padre cultivaba la tierra y al fallecer este, ella siguió ocupándola con las mismas tareas. Considera por ello que tiene “unos derechos adquiridos”. Además, critica que la echaron con una orden judicial caducada —fuera del periodo de días establecidos por el juzgado— y simplemente para favorecer los intereses de la empresa Indebe Tavil, que decidió instalarse en la zona. Además, mantiene que a pesar de que las licencias de obras mayores siempre las concedía la junta de gobierno local, en este caso fue el alcalde quien lo hizo y que cuando la orden de desahucio y de derribo se ejecutó todavía no era firme.

Por su parte Puig, que es alcalde desde el 2011, ha defendido que actuó de acuerdo con la legalidad. Recuerda que la masía que se derribó era de propiedad municipal, que la denunciante la ocupaba sin pagar nada, y que además carecía de cédula de habitabilidad. Según Puig, el Consistorio hizo un planeamiento parcial del sector, y la masía quedó en una zona verde de un polígono, en la que no podía haber ninguna edificación. La denunciante, sabía esta situación desde el 2001, afirma, y posteriormente con el plan parcial de 2007 se le volvió a insistir, pero no tomó ninguna medida al respecto. Puig asegura que en abril del año pasado el juzgado contencioso número 2 de Girona autorizó la entrada en la masía, y en uso de esta autorización el 12 de mayo se desalojó y el 13 hizo derribarla de urgencia por el peligro que representaba. Está convencido de que la causa quedará archivada.

Además de Puig también declararon en el juzgado, en este caso en calidad de testigos, un antiguo alcalde de la localidad y el propietario de la empresa por la que supuestamente se modificó el planeamiento urbanístico.

La Federación de ERC en Girona no quiso valorar ayer el caso y, por lo tanto, no aclaró si permitirá que Ferran Puig siga encabezando la lista del partido en Sant Jaume de Llierca. En numerosas ocasiones la dirección de ERC ha asegurado que trabaja para mantener los municipios “limpios de corrupción”. El líder del partido, Oriol Junqueras, ha abogado por tomar decisiones drásticas ante la más mínima sospecha de mala práctica. “Las personas sobre las que haya una sombra de duda, aunque haya riesgo de ser injustos, deben dar un paso al lado”, ha afirmado el líder de ERC en numerosas ocasiones.