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Un informe frena la investigación al bar que regenta la esposa de Baltar

La concesión de la cafetería municipal de Ourense, por la que María Caldelas no paga, está bajo sospecha desde hace un año y las pesquisas están atascadas

El expediente desapareció y tuvo que ser reconstruido

Tras 315 días investigando, el Ayuntamiento socialista de Ourense todavía no sabe casi nada del negocio de la esposa de Manuel Baltar, presidente del PP provincial y la Diputación. María Caldelas, exdiputada de los conservadores en el Parlamento gallego, gestiona desde hace algo más de un año una cafetería de titularidad pública en pleno centro de la tercera ciudad de Galicia, con un alquiler anual de 0,60 euros que no se abona a las arcas locales y cuyo traspaso se efectuó, supuestamente, de forma ilegal. A pesar de que lleva 10 meses estudiando un expediente administrativo que tuvo que ser reconstruido porque desapareció de los archivos, la asesoría jurídica municipal aún no ha emitido el informe que debe determinar la legalidad de la transmisión del negocio entre el adjudicatario del concurso público y la empresa de Caldelas. La comisión de investigación política creada para analizar el caso, tras ocho reuniones, tampoco ha concluido nada concreto.

El local fue adjudicado a finales de los años sesenta, mediante concurso y por un período de 50 años, a la extinta caja de ahorros provincial con un canon anual de 100 pesetas, una cantidad que nunca fue modificada a pesar de que las condiciones de la subasta establecían que el precio podía ser revisado cada lustro. A comienzos de 2014, el café pasó a manos de Jardín Japonés, SL –la sociedad de la esposa de Baltar y otro empresario del sector– sin concurso público alguno o aprobación de transmisión de titularidad. Se trata de una construcción de 186 metros cuadrados y terraza exterior, anexa a una torre de 18 plantas que alberga un hotel, oficinas y viviendas, en pleno centro de la capital ourensana, en una zona plagada de negocios hosteleros que pagan elevados alquileres por locales de similares características.

Hasta la fecha, el único informe de la asesoría jurídica fue emitido el verano de 2014, pocas semanas después de ser constituida la comisión política de investigación, y tras ser parcialmente reconstruido el expediente administrativo. Los técnicos consultados explican que tuvieron todos los documentos originales del concurso en sus manos pero, de un día para otro, se esfumaron de los archivos. El consistorio tampoco ha aclarado qué pasó con los papeles perdidos misteriosamente. Hace medio año y tras un cambio en la jefatura de la asesoría jurídica ordenado por el gobierno local, se reclamó un segundo informe considerado clave para el caso, ya que debe determinar expresamente la legalidad del traspaso del negocio público a la empresa de María Caldelas y su socio. Pero nunca más se supo.

Desde el BNG se explica que, a pesar de su insistencia por rematar la investigación, solo reciben “el silencio absoluto y la pasividad del PSOE”. “El PP solo vino a la primera reunión de la comisión de investigación y el PSOE, desde el gobierno, no ha puesto todos los medios necesarios para aclararlo”, asegura la edil Susana García. Ante la falta de conclusiones definitivas, los nacionalistas propusieron, durante el último pleno municipal, ejecutar el rescate de la concesión porque “ya ha quedado claro que no se cumplen las plicas y esas plicas ya establecen que se puede rescatar si se incumplen”. La idea del Bloque fue rechazada por socialistas y populares que alertaron del peligro de recuperar la contrata sin un informe que certifique el proceder. “Si lo hacemos sin un informe, podría tener consecuencias negativas como el pago indemnizaciones”, matizó la concejala de Comercio, Juana Ageitos. El alcalde, Agustín Fernández, reconoció el retraso y se comprometió a que haya conclusiones jurídicas “en el menor tiempo posible”. Pero de momento, con el tiempo corriendo hacia el fin del período concesional y unas elecciones locales a la vista, los informes del exitoso negocio de la esposa de Baltar siguen atascados en los despachos del Ayuntamiento socialista.