El exalcalde de Las Rozas descarga en los técnicos sus decisiones

Un bien demanial es aquel que solo puede ser destinado a uso y servicio público. “Hasta el inicio de este proceso no sabía lo que significaba esa palabra”, declaró ayer el exalcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, en el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid. El exregidor y siete de sus concejales, dos aún en el Ayuntamiento de la ciudad, están acusados de prevaricación y desobediencia por la cesión gratuita, en 1998, de un terreno de 12 hectáreas a la Federación de Fútbol (RFEF) para construir la Ciudad del Fútbol. El fiscal pide inhabilitaciones de 10, siete y seis años. “No he tomado ni una decisión sin consensuarla con los técnicos”, declaró De Santiago tras reconocerse inocente.

Aunque la concesión se realizó hace 15 años, el juicio oral contra De Santiago y parte de su equipo comenzó ayer. “Gracias a la batalla emprendida por el PSOE, hace 18 años, se sientan hoy en el banquillo los acusados”, dijo Miguel Ángel Ferrero, secretario de los socialistas roceños, a las puertas del juzgado.

Las denuncias de la oposición (PSOE e IU) han acompañado a la Ciudad de Fútbol desde su nacimiento, en 1998. En 2004 una sentencia obligó a deshacer el acuerdo, pero cuatro años después todo seguía igual. En junio de 2009, el entonces alcalde De Santiago —en el cargo entre 1995 y 2011— fue considerado responsable de una operación ilegal debido a que el suelo cedido era de dominio público por lo que no podía ser objeto de compraventa o concesión.

Con la Ciudad del Fútbol construida, y varias sentencias y autos de por medio, del TSJM, del Tribunal Supremo y del Constitucional, el año pasado, José Ignacio Fernández Rubio (PP), actual alcalde de Las Rozas, readjudicó los terrenos en discordia a la Federación de Fútbol a cambio de un canon de poco más de 46 millones de euros. “[Esa cantidad] se estimó políticamente por el Ayuntamiento. Bien podrían haber sido 75 millones”, opinó el interventor general. La valoración de los beneficios económicos, que la RFEF había obtenido durante estos años de explotación, coincidía con las cantidades del acuerdo inicial. Es decir, una cesión de facto de los terrenos. Para la oposición quedaron en evidencia “tretas y mañas que se han utilizado en perjuicio del erario público”.

“Este juicio abre la puerta a recuperar los 75 millones que la RFEF adeuda a los roceños”, incidía Ferrero en referencia a esos beneficios. Los acusados negaron todo; De Santiago solamente reconoció una cosa: No saber qué significaba la palabra que define el uso público. Hoy, en el juicio que dura toda la semana, testifica Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol.