Una juez investiga la muerte de una niña tras operarse en la Quirón

Una juez de Barcelona investiga al hospital Quirón Dexeus por la muerte de una niña de 11 años tras ser intervenida de una operación leve en el centro. Los padres de la menor denunciaron los hechos para esclarecer el fallecimiento de su hija, que seguía un tratamiento de alargamiento de tibias, después de que la autopsia realizada por el centro no aclarase la causa del fallecimiento. La magistrada ha abierto diligencias por homicidio por imprudencia profesional contra los profesionales responsables.

La niña, que padecía acondroplasia —acortamiento de los huesos—, se sometió a un alargamiento de tibia en agosto de 2014 en el mismo centro. Durante una revisión rutinaria en febrero,su traumatólogo programó intervenir a la menor en el plazo de tres días para retirar unas escayolas y estudiar si era preciso seccionar quirúrgicamente los tendones de los pies para enderezárselos, una operación considerada de bajo riesgo que no requería ingreso.

La menor entró al quirófano, se le aplicó una anestesia general y, poco después de sacarle los yesos y de ver, según la historia clínica, que “no necesitaba” someterse a la sección de los tendones, sufrió una parada cardiorespiratoria. El equipo médico recuperó a la niña tras realizarle maniobras de reanimación y suministrarle farmacos vasoactivos como adrenalina. La menor fue intubada e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos a media tarde y, tras pasar la noche con ventilación artificial —en la que volvió a sufrir varias paradas más—, falleció a primera hora de la mañana.

En un primer momento, los médicos adujeron que la muerte podría deberse a “un embolismo graso, un tromboembolismo pulmonar y un shock por drogas”, pero no concretaron la causa exacta. Ante la incertidumbre, Daniel Zorrilla y Amparo Monteagut, padres de la niña, solicitaron una autopsia clínica al hospital. “Estábamos en estado de shock, pero queríamos una investigación de lo sucedido. El hospital nos indicó que no era necesario hacer denuncia alguna, ya que si prestábamos nuestra conformidad, ellos mismos harían la autopsia correspondiente”, revela Daniel. Con todo, tras el entierro de la niña y a la espera de los resultados del hospital, la pareja optó también, asesorados por familiares y amigos, por reclamar al juzgado la exhumación del cadáver para practicarle otra autopsia.

Los resultados de ambos estudios no hicieron más que multiplicar la incertidumbre de la familia sobre la muerte de la pequeña. Mientras la necropsia realizada por el hospital concluye que “no se han observado hallazgos morfológicos que permitan establecer la causa” del fallecimiento, los estudios realizados por los forenses a instancias de la jueza han abierto un nuevo frente a los padres de la menor. “Únicamente quedan restos de hígado, bazo, riñón e intestinos”, reza la autopsia,. La ausencia de vísceras ha complicado el estudio del cuerpo. Las conclusiones definitivas del informe forense están a la espera del resultado de las pruebas complementarias (estudio histopatológico) solicitadas por el Instituto de Medicina Legal de Cataluña en base a los restos que permanecían en el cuerpo.

Las conclusiones provisionales de los forenses apuntan a que se trató de “una muerte operatoria” y aducen la causa inmediata del fallecimiento a una “parada cardiorespiratoria”. Con todo, señala el informe, a falta del resultado de las pruebas complementarias, “a la hora de establecer la causa de la muerte únicamente nos podemos basar en los informes médicos aportados”. En algunos de estos documentos, también requeridos por la juez, reconocen los facultativos de la clínica que “a media intervención [el proceso] se complica anestésicamente”. En su informe, el servicio de anestesiología también contempla que “habiendo pasado 15 o 20 minutos de la inducción, se detectó un súbito y rápido descenso de EtCO2 [dióxido de carbono en sangre]. Se interrumpió la manipulación quirúrgica y se solicitó ayuda a otro anestesiólogo”.

El hospital, por su parte, ha declinado hacer declaraciones. Un portavoz del centro justifica que se trata de información confidencial cuya revelación está prohibida por la ley de protección de datos y que, además, la situación ya está en manos de los servicios jurídicos.“Sólo queremos que se haga justicia y se sepa qué ha pasado con una niña que iba a sacarse unas escayolas y nunca más pudo levantarse de esa camilla”, insisten los padres.