Agbar denuncia por injurias al director de ATLL

Aguas de Barcelona (Agbar) ha presentado una denuncia por injurias contra el director general de ATLL Concesionaria, Alfredo Gutiérrez, por acusar a la filial de Suez Environnement del impago de 45 millones de euros a ATLL por el servicio de abastecimiento de agua en alta.

En el escrito, presentado en el juzgado de primera instancia de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Agbar solicita la celebración de un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella por injurias, para que el directivo de ATLL —empresa gestionada por un consorcio liderado por Acciona y BTG Pactual—, "se retracte y reconozca la falsedad" de estas manifestaciones.

Según la compañía que preside Angel Simón, el pasado mes de marzo ATLL envió una carta al Area Metropolitana de Barcelona, a diversos ayuntamientos y a la propia Generalitat afirmando que empresas participadas por Agbar no estaban abonando los servicios de la concesionaria en unos sesenta municipios, empresas encargadas de realizar el suministro de agua en baja.

Sobre los presuntos impagos, Agbar asegura que "ingresa los importes a la administración titular del servicio, que es la Generalitat", y que sigue "de manera escrupulosa y estricta las instrucciones emitidas al efecto por la Generalitat sobre cómo ha de realizarse". Apunta, además, que la compañía "no puede pagar a quien no es titular del contrato de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo" y que corresponde al Ejecutivo catalán "dirimir qué parte de esos pagos le corresponde a ATLL Concesionaria".

Fuentes de Acciona han defendido la vigencia del contrato de gestión de ATLL y la validez de la concesión mientras los tribunales no determinen lo contrario. Por eso, ante el supuesto impago de Agbar, ATLL Concessionaria ha puesto en marcha los procedimientos previstos por la ley y ha recurrido a la Generalitat para reclamar el cobro del servicio de abastecimiento de agua a Agbar y sus filiales.

El conflicto por ATLL se remonta a finales de 2012, cuando la Generalitat adjudicó su gestión al consorcio liderado por Acciona, decisión que recurrió su competidora Agbar, que llevó el caso al Organo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que tumbó la concesión. Desde entonces, la privatización de la gestión de la empresa pública ATLL, la más importante operación de venta llevada a cabo por la Generalitat, se encuentra inmersa en un cruce de recursos y acusaciones por parte de todos los actores implicados en el proceso, a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se pronuncie sobre el fondo del conflicto.