La Generalitat duda ahora de que su banco público esté listo este año

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) tenía previsto solicitar este año una ficha bancaria para convertirse en el banco público catalán. Es un paso imprescindible para cumplir uno de los mandatos acordados por CiU y ERC, en la vía de crear estructuras de Estado para preparar una supuesta independencia de Cataluña. Pero el consejero delegado del organismo, Josep Ramon Sanromà, evitó ayer confirmar si finalmente esa petición llegará en 2015, si bien aseguró que “el 90%” de los trabajos para hacerlo están hechos y que la entidad estará en disposición de cursar la petición una vez se haya efectuado la transposición de las directivas europeas sobre el mecanismo europeo de supervisión en lo que respecta a entidades públicas.

El ICF lleva dos años adaptando su estructura y su operativa para poder convertirse en banco. Sanromà señaló que en junio tendrá una idea más clara de la situación legislativa, aunque se mostró convencido de que la importancia de la banca pública en Europa, que controla el 15% de los activos del sector, obligará a acelerar los pasos. Una vez aclarado el panorama, la entidad reclamará al Banco de España un informe previo, para que posteriormente sea el Banco Central Europeo el que decida sobre la autorización o no de la ficha bancaria.

“El trabajo que nos toca está totalmente hecho”, indicó Sanromà. El ejecutivo bancario considera que la conversión en banco aportará beneficios a la entidad, ya que, además de quedar bajo la tutela del supervisor único europeo, ganará credibilidad ante los mercados. El efecto inmediato será rebajar las calificaciones crediticias y, de esa forma, acudir a los mercados de capitales con mejores condiciones que las actuales.

Convertirse en un banco también permitiría al ICF asistir al Banco Central Europeo para hacerse con recursos. “Podríamos ofrecer financiación a mejor precio y pagaríamos menos impuestos”, explicó ayer Sanromà en un encuentro con medios de comunicación. Actualmente depende de los recursos que pueda arañar del Banco Europeo de Inversiones y de emisiones de deuda.

Sanromà precisó que la normativa europea debe precisar aún cómo afecta a la operativa de depósitos o bien el mecanismo único de resolución a los bancos públicos, si bien se ha mostrado optimista después de que se haya creado un grupo de trabajo entre miembros de la Comisión Europea y la Asociación Europea de Bancos Públicos.

El Instituto Catalán de Finanzas ganó el año pasado 7,9 millones de euros, un 14,5% más, después de conceder préstamos y avales por un importe total de 732,6 millones de euros, un 18% más que el año anterior y por encima de los 650 millones presupuestados inicialmente. De los 733 millones de 2014, el 72% fue nueva financiación y el 28% refinanciaciones —en años anteriores llegó a ser el 50%—. Sanromà señaló que se está notando la recuperación económica porque un 40% de la financiación actual es para proyectos de inversión, y el 60% para circulante, que durante la crisis acaparaba las operaciones.

El saldo vivo de crédito ascendía a finales del pasado año a 261.099 millones de euros. Su tasa de morosidad descendió al 13,5%, un punto por encima del conjunto del sector. Sanromà defendió que entidades públicas asuman el riesgo del que elude la banca privada.