Un juzgado coruñés admite una demanda colectiva contra Vodafone
Afectados de toda España podrán unirse a la denuncia interpuesta por el ministerio fiscal contra la operadora hasta el 1 de junio
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha admitido a trámite una demanda colectiva interpuesta por el ministerio fiscal contra Vodafone por el dinero cobrado “indebidamente” por la empresa a sus clientes a cambio de unos códigos de desbloqueo de terminales, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En un comunicado, el alto tribunal precisa que los usuarios que se consideren perjudicados por esta práctica denunciada tienen hasta el próximo 1 de junio para personarse en la causa. Una vez finalice este plazo, que es improrrogable, se fijará fecha para el juicio.
A la demanda colectiva del ministerio público, “ejercitando acciones de cesación, devolución de cantidades cobradas por la demandada e indemnización por daños y perjuicios”, pueden sumarse tanto asociaciones como particulares de todo el territorio nacional. En la vista celebrada para decidir sobre las medidas cautelares, el juez acordó librar mandamiento al registro de condiciones generales de la contratación para que se anote preventivamente la interposición de la demanda.
La fiscalía sostiene que Vodafone “impone una limitación técnica a los teléfonos móviles facilitados a sus clientes que impide utilizarlos con otras compañías operadoras y restringe la posibilidad de destinarlos a otros fines”. Relata la demanda que la multinacional “absorbió a la empresa de telefonía Airtel” y que, en consecuencia, “se subrogó en la posición que ostentaba Airtel con respecto a sus clientes y también cobró indebidamente cantidades por liberalizar teléfonos móviles que procedían de contratos suscritos por clientes de Airtel”. La cantidad exigida por la empresa demandada a cambio de los códigos de desbloqueo de los terminales asciende, según la denuncia, a 9,68 euros, impuestos incluidos.
Según esgrimen fuentes de la empresa de telefonía, Vodafone considera que ha actuado de forma legal porque ofrece una alternativa gratuita a través de una página web para que sus clientes desbloqueen los teléfonos y solo cobra si esta operación se realiza por otras vías. “Desde julio vendemos los teléfonos sin bloqueo”, añaden las mismas fuentes.
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