La VIU contrató hasta cuatro bufetes distintos para trabajos similares

La Universidad Internacional de Valencia (VIU en sus siglas en inglés), creada y financiada por el Gobierno valenciano hasta su venta al Grupo Planeta a finales de 2013, contrató hasta con cuatro bufetes de abogados para trabajos similares en 2010 y 2011 cuando el PP ya había puesto en marcha su política de recortes.

La VIU contrató con los bufetes de Broseta Abogados, Fernández Gimeno Abogados, Monfort y Bonell Abogados y Auren Consultores Mediterráneo. Las tareas por las que se contrató con estos despachos fue, fundamentalmente, para el asesoramiento en materia laboral de procedimientos de contratación y asesoramiento sobre la expedición de títulos académicos. En dos de los casos se abonó una cuota mensual de 1.500 y de 1.062 euros al mes, mientras que a los otros bufetes se les pagó por dictámenes concretos que oscilaron entre los 11.800 y los 800 euros. Los dictámenes se encargaron pese a que, por ejemplo, en el convenio con Broseta Abogados, estaba prevista la elaboración anual de dos “informes jurídicos especializados de carácter complejo”.

A pesar de contar con ese despliegue de asesores externos, la Sindicatura de Comptes denunció en sus informes que la VIU había adjudicado contratos sin respetar los procedimientos administrativos previstos en la legislación.

Torres (PSPV) dice que el proyecto es un ejemplo de la mala gestión del PP

Entre los encargos externalizados figura un dictamen valorado en 3.000 euros más IVA sobre la duplicidad de la personalidad jurídica de la Fundación VIU y la Universidad VIU, “las implicaciones contables que se generan y la solución recomendada”.

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, que ha tenido acceso a la citada documentación, considera que la gestión de la VIU es un ejemplo de “la mala gestión del PP”.

“Hablamos de facturas de una época en la que ya habían empezado los recortes, mientras que en la VIU tenían manga ancha sin ningún tipo de control”, argumenta Torres, que añade: “Nadie se responsabilizó de las decisiones adoptadas”.

El Gobierno valenciano, a instancias de Francisco Camps, creó la VIU como un centro virtual para la educación a distancia bajo la fórmula de una entidad privada financiada con dinero público. Desde 2007 hasta 2013, la Generalitat destinó más de 35 millones de euros, aunque los alumnos matriculados apenas superaron el millar.

A finales de 2013, el Consell vendió la mayoría de sus acciones en la VIU por cuatro millones de euros a pagar en cuatro ejercicios, casi el doble del valor en el que se había tasado.