37 Ayuntamientos recurren la venta de la planta de residuos de Xixona

La renuncia de la Generalitat a seguir gestionando la planta de tratamiento de basuras de Xixona (Alicante) es un paso más hacia el desbarajuste en el que ha desembocado la política de residuos de la Comunidad Valenciana. Los 37 Ayuntamientos pertenecientes al consorcio al que correspondía la planta, la mayoría del PP, se oponen a la venta de una instalación rentable y construida con fondos europeos. La consejera Isabel Bonig cambió los estatutos originarios de la sociedad propietaria del vertedero para poder subastar una instalación que nació para ser “siempre pública”.

La Generalitat ha optado por no ser parte de una planta que da beneficios y subastarla por 5 millones de euros, ignorando la propuesta del consorcio de municipios de L’Alcoià y L’Alacantí para que les trasvasaran el accionariado y poder licitar un proyecto público. “Habrá batalla legal”, anuncian desde el consorcio, que esta semana presentará un recurso al respecto.

La venta del 51% de la Sociedad de Reciclados y Compostaje Piedra Negra, en manos de la entidad pública Vaersa, es parte del plan del Consell para reestructurar y racionalizar el sector público empresarial. Es el único argumento de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para una venta cuyo contrato se firmará esta semana. El alcalde de Xixona, Ferran Verdú, puntualiza: “Vaersa puede tener pérdidas, pero no en Xixona”.

La medida deja a Cespa (Ferrovial), que poseía el 49% de acciones restantes, con el control total. La operación no hubiera sido posible sin cambiar el protocolo que regula Piedra Negra. El documento, firmado en 2001, establecía que la empresa debía tener siempre titularidad pública, requisito básico para recibir los ocho millones de euros financiados por la Unión Europea. Pero en junio de 2014, Bonig y Cespa eliminaron este artículo ante notario y sin comunicárselo al consorcio.

El artículo contemplaba además que el accionariado de Vaersa únicamente pudiera ser traspasado a sociedades públicas, como el consorcio. El enfado entre los alcaldes es notable, han quedado expuestos a los precios que marque una empresa a la que hay que llevarle los residuos por ley. Entre ellos figuran el propio diputado de Medio Ambiente, Javier Sendra, alcalde de Planes, o la presidenta provincial y regidora de Sant Vicent del Raspeig, Luisa Pastor. Se ha llegado a amenazar con la expropiación de la planta, sobre suelo municipal.

“Es inaceptable por no tener sentido, podría ser un mal antecedente, la punta del iceberg de los que el PP haría si siguiera en la Generalitat”, advierte Francesc Signes, diputado autonómico del PSPV encargado de la materia de residuos. A la subasta de Vaersa solo acudió Cespa. Las empresas de gestión de residuos en la Comunidad son básicamente filiales de grandes constructoras. Rara vez se pisan contratas, según fuentes del sector.

La operación lleva implícito el reconocimiento de un fracaso que se extiende desde L’Alcora (Castellón) a la pedanía oriolana de La Murada (Alicante). El Plan Integral de Residuos (PIR) de 2013 es una continuación del anterior, que data de 1997 y quedó incompleto. El modelo valenciano se ha caracterizado más por su política de enterramiento que de reciclajes y la consejería apuesta por la incineración de basuras para el futuro, que también suscita un rechazo ecologista y vecinal, además de las dudas empresariales y de la banca.

Son muchos los puntos donde ha ardido la polémica alrededor de los residuos, sin visos de solución temprana. Toneladas de basuras viajan de un lado a otro del territorio por la falta de plantas de tratamiento en puntos como Llanera de Ranes (Valencia) o Albatera (Alicante), principalmente por vertederos alicantinos que se colmatan acortando su vida útil. El caso de Albatera es especialmente grave, en parte por estar en el origen del caso Brugal, una presunta trama político-empresarial entorno a los intereses de la basura. En la localidad se preveía un macrovertedero para alojar toda la basura de la Vega y al igual que en Llanera, el rechazo ciudadano y de la política local ha promovido que se detuvieran unos proyectos obsoletos que difícilmente hubieran tenido encaje actual en las directivas europeas.