Alcaldes (y candidatos) bajo sospecha

La mayoría de partidos del arco parlamentario catalán, desde el PP a Iniciativa, respiraron aliviados el día 16 cuando el juez desestimó la causa contra los alcaldes imputados por las dietas que cobraron por pertenecer a la Federación Catalana de Municipios. El archivo despejó las candidaturas de los ediles para las elecciones del 24 de mayo. Con todo, Convergència i Unio y el PSC han revalidado su confianza en dos alcaldes imputados para que concurran a esos comicios. CiU ha arropado a Josep Poblet para que repita como cabeza de lista por Vila-seca (Tarragonès) pese a estar acusado de seis delitos por el caso Innova. Y el PSC ha dado vía libre a Teo Romero, alcalde de Santa Margarida de Montbui (Anoia), imputado de malversación de caudales públicos del Fondo Catalán de Cooperación. Los socialistas amparan también a Elena Pérez, alcaldesa de Montcada i Reixac, que aguarda la sentencia del caso Mercurio.

JOSEP POBLET (CiU), Vila-seca

Un político apadrinado por Mas y acusado en el caso Innova de blanqueo.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, acudió este mes a Vila-seca para respaldar la candidatura de Josep Poblet a la alcaldía de esta localidad. “He venido para poder poner Vila-seca como un ejemplo; pero he venido porque estaba Poblet”, quiso dejar claro Mas. El acto simbolizó un cierre de filas público en torno al político, alcalde de Vila-seca desde 1993 y presidente de la Diputación de Tarragona, que volverá a presentarse a los comicios aunque sobre él pesan graves acusaciones. Está imputado desde 2014 junto a seis ediles y exediles de CiU del municipio por las obras de un centro sanitario. Poblet está acusado de presunto blanqueo, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos. El político, que gobierna con mayoría absoluta, cuenta con el apoyo total de CiU, que llegó a relacionar las investigaciones con el proceso soberanista.

El alcaldable fue imputado por un juez de Reus dentro del caso Innova, macroproceso centrado en supuestas ilegalidades en el ámbito sanitario, y le impuso una fianza de 280.000 euros. Poblet calificó la medida de “asedio” y ahora la trama que le afecta pasará a ser instruida en Tarragona. La justicia indaga si el Consistorio pagó 68.000 euros entre 2007 y 2010 a Jorge Batesteza, exgerente de Infraestructuras del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), de manera fraudulenta. En paralelo, Batesteza cobró también de la constructora del equipamiento, Comsa (propiedad de la familia Sumarroca), 177.000 euros. La constructora dijo que este último pago era por proyectos en Panamá. Después el juez descubrió que altos cargos del Departamento de Salud de la Generalitat habrían hecho de lobby para conseguir que Teyco (también de Sumarroca) lograra contratos en Costa Rica. Ester Ventura, esposa de Poblet, también está imputada en el caso Innova por su gestión en el Ayuntamiento de Reus, donde era directora financiera de las empresas municipales.

TEO ROMERO (PSC), St.Margarida

Un alcalde histórico imputado por gastar fondos de cooperación.

Visitas a las cataratas de Iguazú (Argentina); a Kioto (Japón); a Cuzco, junto al Machu Picchu (Perú) o las ruinas de Petra (Jordania). Teo Romero, alcalde de Santa Margarida de Montbui (Anoia) acudió entre 2007 y 2010 a todos esos lugares, según un informe de la Oficina Antifraude, aprovechando su cargo como presidente del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo. El documento cree que Romero se desvió de sus destinos, después de acudir a congresos o conferencias, para hacer turismo. Los gastos habrían ascendido a 57.000 euros. Entre ellos, 2.585 por tres días extras en Japón. De ellos, 898 eran en una discoteca.

La investigación sirvió de base para que el juez imputara a Romero en 2014 un delito de malversación de fondos públicos. Con una estrecha relación con el expresidente José Montilla, Romero, alcalde desde 1995, será candidato. El PSC se ampara en que él insiste en su inocencia.

Sus abogados pedirán el archivo porque, de entrada, creen que el caso evoca al de las dietas: que el Fondo es una entidad privada y que no se trata por tanto de malversación de fondos públicos (en parte los recibe). Y que Antifraude no está legitimado para indagar a un ente privado. Los letrados alegan que Romero pagó con su tarjeta y que las cuentas superaron las auditorías. Según su versión, el fallo lo cometió el empleado que lo denunció a Antifraude. Antes de la denuncia, el alcalde ingresó 15.000 euros al Fondo para que le hicieran “una liquidación al no practicársele unas retenciones”. Eso si: Romero pasaba todos los tickets porque presumía que en administración le avisarían si había algún fallo.

En 2010 el Gobierno de Zapatero le indultó una pena de 6 años de inhabilitación por prevaricación (se conmutó por una multa). Con 9 ediles sobre 13, el PSC rechazó una moción de la oposición para evitar que los imputados sean candidatos. El edil de Plataforma per Catalunya sumó su voto al del PSC.

ELENA PÉREZ (PSC) Montcada i Reixac

Aguarda  el fallo del ‘caso Mercurio’ para saber si repite

La dirección del PSC está suspirando para que se dicte lo antes posible la sentencia de una pieza del caso Mercurio para conocer sus planes en Montcada i Reixac. La alcaldesa María Elena Pérez, ahora de baja maternal, fue juzgada enero por contratar a Carmina Llumà, exalto cargo del tripartito, como directora del Área de Territorio en el Ayuntamiento pese a haber sido declarada “no apta” por los técnicos. El fiscal solicita para Pérez dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por tráfico de influencias y prevaricación. Junto a ella, se sentaron en el banquillo Dani Fernández, exdiputado del PSC; Manuel Bustos, el exalcalde de Sabadell, y su hermano Francisco, responsable del PSC en el Vallès Occidental. El acusador público pide para ellos dos años de cárcel y seis de inhabilitación.

La agrupación del PSC en Montcada i Reixac aprobó hace un año la candidatura de Pérez a las municipales por el 93% de los votos. Pero el partido no puede refrendar la decisión hasta que haya sentencia. La dirección confía en que sea inminente y se imponga la tesis de la defensa que pidió la absolución y que Pérez sea ser candidata. “De momento no hay plan B. Si el fallo es condenatorio, veremos lo que hacemos”, señalan fuentes del PSC. El código ético de los socialistas permite a los imputados ser candidatos pero les aparta de primera línea cuando son juzgados —eso es lo que hizo Dani Fernández— y, obviamente, sin son condenados. La cuestión es que ahora Pérez, sustituida temporalmente por otra concejal, está de baja. El BOE publicará el día 30 la fecha de las elecciones y el registro de candidaturas se formalizará entre el 15 y el 20 de abril. El PSC gobierna en minoría —7 ediles sobre 21— y en septiembre vio como la oposición en pleno, formada por PP, Ciutadans, ICV y ERC, aprobaba una moción pidiendo la renuncia de Pérez por su imputación.