El Supremo avala el decreto del gallego frente al recurso de la RAG

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por la Real Academia Galega (RAG) contra el conocido como decreto del plurilingüismo en la enseñanza del Gobierno de Feijóo, una norma que supuso la reducción de las horas lectivas que se imparten en gallego. Según ha informado la Consellería de Cultura y Educación, el Supremo respalda así la doctrina ya sentada en su día por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) “avalando la legalidad” del citado decreto.

 La Real Academia Galega (RAG) había presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en marzo de 2013 contra la sentencia que en su día emitió el TSXG por la que anuló parte de dos de artículos del decreto. El tribunal gallego había dejado sin efecto la norma que establecía que la lengua vehicular en educación infantil sería elegida mediante una consulta a los padres cuyo resultado sería vinculante. El resto del decreto fue avalado por el TSXG, lo que motivó el recurso ante el Supremo de la RAG.

Educación destaca que, sobre aspectos como la protección de la lengua, la resolución del alto tribunal indica que “la atenta lectura del decreto recurrido no permite en modo alguno identificar en qué aspectos existe una vulneración o desconocimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992”, como alegaba la RAG. La Xunta insiste además en que el Supremo, al igual que anteriormente el TSXG, considera que la distribución de idiomas por materias y horarios “no pueden calificarse como arbitrarias, ilógicas o contrarias al Estatuto de Autonomía o a la Ley Gallega de Normalización Lingüística”.

La Xunta ha expresado su satisfacción tras conocer el fallo del alto tribunal por el que “queda ratificada definitivamente la legalidad” del controvertido decreto de plurilingüismo, rechazado no solo por la Real Academia y otros colectivos en defensa del idioma propio de Galicia sino por toda la oposición política. La Consellería de Educación indica asimismo que la sentencia “no reconoce, en hasta cuatro referencias, el carácter de órgano consultivo que la Academia reclamaba para sí”. La RAG apelaba en su recurso a que este organismo debería ser consultado previamente sobre las normativas que fijan el uso de los distintos idiomas en las aulas.