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La Audiencia de Ourense ordena reabrir el caso de las depuradoras

El juez había archivado el caso contra la Diputación pese a las irregularidades detectadas por la Comisión Europea

Las irregularidades detectadas por los técnicos de la Unión Europea de la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) en la adjudicación por la Diputación de Ourense de más de un centenar de depuradoras a la empresa viguesa SMA que se “adaptaban como un guante” a las cláusulas del contrato, seguirán siendo investigadas judicialmente. La sección 2 de la Audiencia Provincial de Ourense ha fallado contra el archivo decretado el pasado mes de diciembre por el entonces titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, Antonio Piña –puesto que dejó para presidir la Audiencia Provincial- que no detectó ilícito penal en la adjudicación al grupo empresarial y cuyo auto fue recurrido por el grupo provincial de PSOE.

Lejos de la “irrelevancia penal” establecida por Piña en ese auto –con el que se ratificaba en el archivo la denuncia que por los mismos hechos había presentado años antes un particular-, los tres magistrados de la sala segunda de la Audiencia sostienen que es necesario continuar la instrucción relativa a un supuesto “irregular comportamiento” de una Administración pública en relación con contrataciones subvencionadas con 10,2 millones de euros de fondos estructurales comunitarios. Una cantidad de dinero que no se rentabilizó socialmente dado que las depuradoras, diseñadas para barcos, instaladas en los pueblos de la provincia no llegaron a ponerse en funcionamiento en su mayor parte.

Los magistrados entienden que solo cabría el archivo de la causa “en el momento en el que la instrucción se haya concluido respecto a las contrataciones y en el bien entendido sentido de que de la misma se desprenda que no median indicios de comisión delictiva”. La Audiencia considera, además, que la instrucción realizada por Piña fue “escasa”, toda vez que el juez solo citó a declarar a los implicados en las contrataciones, “bien técnicos de la Diputación, bien representantes de la empresa”, que entienden los magistrados que estarían “interesados en diluir sus posibles responsabilidades denunciadas por la OLAF”.

El auto de la Audiencia concuerda con el recurso del PSOE sobre la necesidad de que se cite a declarar a los técnicos de la UE que denunciaron las irregularidades que les llevaron alertar de un “claro favorecimiento” a SMA “excluyendo toda posible competencia de otros posibles licitadores”, acusaciones que “en sí mismas son importantes indicios de comisión criminal” y que, en opinión de los magistrados, “no fueron desvirtuadas” a lo largo de una instrucción “en donde solo consta un informe de un ingeniero agrícola” en el que “no se abordan ni mínimamente las cuestiones que se ventilan en el presente procedimiento”.

La Audiencia entiende que se debe de seguir la instrucción “en relación a las irregularidades detectadas sin que ello signifique cuestionar decisiones políticas” que, en cualquier caso, considera “quizás no afortunadas” a la vista de la “inoperatividad de las depuradoras instaladas”, una cuestión que precisa que “excede con mucho la jurisdicción penal”.

El auto vuelve, por tanto, a abrir la instrucción de una causa que salpica la gestión del expresidente de la Diputación, José Luis Baltar y del actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, vicepresidente de la institución cuando se adjudicaron las depuradoras. En su resolución de archivo, Piña ponía de manifiesto su discrepancia con la OLAF al no apreciar características “que hagan presumir una predeterminación” hacia una empresa concreta.