La pérdida de un documento revela bandazos del Consell en el ‘caso Blasco’

La consejera de Bienestar Social, contrariamente a lo que había anunciado el portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, no compareció en una comisión de las Cortes Valencianas, tras haber pedido la oposición que lo hiciera en un pleno. Asunción Sánchez Zaplana, flamante candidata a la alcaldía de Alicante, envió este lunes a su secretaria autonómica de Servicios Sociales y Solidaridad, Lucía Cerón, a explicar la incapacidad de su departamento de aportar a la juez que investiga el fraude en las ayudas de cooperación el documento completo del borrador de la orden de subvenciones y las bases que regulaban la convocatoria para la construcción de un hospital en Haití. Una convocatoria que, según la investigación judicial, estuvo amañada por la red montada por el entonces consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, para otorgarla a Esperanza sin Fronteras.

“Ni se ha ocultado, ni se ha destruido, ni ha desaparecido sospechosamente ningún documento”, alegó Cerón que, sin embargo, solo pudo justificar que en el departamento únicamente constase una copia incompleta de ese documento porque “entiende” que se llevó el original la policía cuando registró la consejería y requisó diversos documentos en febrero de 2012. Cerón precisó después: “No seré yo quien diga que la policía ha ocultado papeles”. Y tras señalar que la Abogacía de la Generalitat, que sí que disponía de una copia completa, la ha aportado al juzgado, lo que le llevó a afirmar que “la incidencia judicial se puede dar por terminada”, acusó a la oposición de difundir “insidias” e “infamias”.

Cerón, sin embargo, no supo explicar por qué dos de los imputados del caso, Josep Maria Felip y Marc Llinares, cargos de confianza de Blasco, hoy condenados ya por una de las piezas en el fraude de las ayudas de cooperación, siguieron en sus puestos tras estallar el escándalo. Como revelan unas grabaciones policiales publicadas por el diario Levante-EMV, ambos hablaban de “dejar las cosas limpias” y de “romper, archivar y llevarse cosas” relacionadas con el caso.

La falta de parte del expediente pone en evidencia la investigación interna

“¿Puede confirmar que no se ha destruido ningún expediente en la consejería?”, preguntó Esther López Barceló, de Esquerra Unida. “Jorge Cabré habló de una investigación interna”, añadió, en referencia al consejero que sustituyó a Blasco. “¿Cómo pudo hacerla si no estaba el expediente?”.

La socialista Clara Tirado indicó que se hizo “custodios” de los documentos a “los delincuentes convictos y confesos, obsesionados por eliminar las pruebas del delito” y le recordó a Cerón que fue ella misma la que firmó las conclusiones de lo que definió como “una pseudoinvestigación interna” sobre el intento de saquear cuatro millones de euros supuestamente destinados a una acción de ayuda a un país como Haití, que había sufrido un terremoto devastador. “Han estado ocultando que faltaba parte del expediente”, acusó la diputada.

“¿Cómo sabe que la copia compulsada e, incluso, el original, no han sido falsificados?”, preguntó Mireia Mollà, de Compromís, quien recordó que Blasco y el resto de la trama han sido condenados, también, por falsedad en el caso de las ayudas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales para actuaciones en Nicaragua que se desviaron para comprar inmuebles en Valencia. “Falsificaron los expedientes”, recordó la parlamentaria. “¿No ha habido una investigación interna de la manipulación?”.

Cerón, que trató de justificar su presencia en lugar de la consejera porque solicitó comparecer “a petición propia”, aseguró: “Es un asunto que me ha preocupado desde el primer día. Lo he seguido de forma personal”. La secretaria autonómica limitó el episodio a saber qué ha pasado con el proyecto de orden, “de ocho folios”.

“Blasco ya no pertenece al Gobierno valenciano, ni al PP, ni ocupa escaño en las Cortes”, agregó Cerón, que añadió: “La Abogacía de la Generalitat se ha personado como acusación, fíjense la importancia que le ha dado”. La oposición recordó a la secretaria autonómica los bandazos del Consell y del PP en el caso, al pasar de cerrar filas con Blasco a sumarse a la acusación inicial de las diputadas Tirado y Mollà cuando se abrió la investigación judicial. Las tres parlamentarias de la izquierda acusaron al jefe del Consell, Alberto Fabra, de haber “encubierto” al exconsejero hasta que su situación se hizo insostenible. La Abogacía de la Generalitat exigió reiteradamente por vía judicial rectificaciones a EL PAÍS en nombre del exconsejero en las que se negaban los hechos relacionados con el fraude y acabó acusando a Blasco precisamente por esos mismos hechos.