La Audiencia denuncia el descontrol “intolerable” del IVIMA al vender pisos

La Audiencia Provincial de Madrid critica al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), dependiente de la Comunidad de Madrid, por la falta de controles que permitieron que una red de estafadores se apropiara entre 2003 y 2004 de cuatro viviendas de protección oficial en la capital, en la zona de San Blas. El tribunal reprocha “la pasividad intolerable de quienes tenían el deber de velar por bienes públicos que tenían un claro destino social”. “Esta falta de diligencia ha de ser imputada al IVIMA que, olvidando los más elementales deberes que tenía encomendados, ha actuado de forma negligente”, añade el fallo. Pese a las críticas de la sentencia, el IVIMA fue una de las partes denunciantes que han permitido condenar a los estafadores a varios años de cárcel.

La empresa Gestión de Planificación Urbanística (Geplaur SL) se encargó de 2000 a 2004 —los tres primeros años fueron los últimos como presidente regional de Alberto Ruiz Gallardón (1995-2003), al que sustituyó Esperanza Aguirre (2003-2012)— de la gestión de parte del patrimonio inmobiliario del IVIMA, en concreto de la gestión externa de las viviendas de alquiler con opción a compra. Geplaur, con la que la Comunidad no contrata “desde hace años”, debía comprobar si en los pisos vivían sus adjudicatarios, así como las incidencias que se pudieran producir. La firma privada también se encargaba de todas las gestiones y trámites relativos a la adquisición de las viviendas.

Para realizar su cometido. Geplaur estaba autorizada a utilizar los ordenadores del IVIMA y acceder a su base de datos, teniendo, asimismo, la posibilidad de modificarlos al contar con las claves de acceso de funcionarios y directivos del Instituto de la Vivienda. La Audiencia Provincial establece que “ni los directivos ni los funcionarios del IVIMA han cumplido con su obligación. No han gestionado ni controlado qué personas ocupaban las viviendas, ni en qué condición dejaron en manos de empresas privadas la gestión del patrimonio inmobiliario”. Hasta el punto de que se puso a disposición de la concesionaria archivos en los sótanos del IVIMA, bases de datos, procedimientos de gestión, e incluso los ordenadores del Instituto [de la Vivienda] y las claves de acceso “sin ningún control ni cortapisa”.

Cada una de las viviendas gestionadas por el IVIMA tiene un expediente en el que consta la ubicación y características de las mismas, así como los adjudicatarios. Además del expediente en soporte papel, en la época “todo estaba informatizado” a través de un sistema denominado GPI, teniendo los funcionarios y los empleados de las empresas asignadas claves de acceso. La rutina derivó en que fuera “frecuente” que el personal del área de Administración del IVIMA utilizase las claves de sus compañeros, y que los empleados de Geplaur conociesen y utilizasen las claves de acceso de los funcionarios. Es más, el código del jefe de tramitación era “conocida y utilizado” tanto por funcionarios como por empleados de las empresas contratadas.

El condenado cambiaba el nombre del inquilino en la base de datos oficial

Uno de ellos, Julio González Moreno, condenado a cuatro años, siete meses y 15 días y a una multa de 1.800 euros por un delito de estafa y un delito continuado de falsedad en documento oficial, es el gran instigador de la red ilegal. El trabajador fue entre 2000 y 2004 inspector visitador de Geplaur, por lo que conocía de primera mano qué viviendas estaban vacías u ocupadas por el adjudicatario. También era el encargado de entregar las comunicaciones oficiales a los residentes.

Aprovechando su conocimiento de cuáles eran las viviendas vacías, González Moreno ideó un sistema para poder vender las casas a terceras personas. Para eso seleccionó las viviendas que reunían condiciones “para acceder a una compra fraudulenta”, según la Audiencia Provincial. El procedimiento para realizar la estafa consistía en “alterar” la base de datos del IVIMA “cambiando el nombre de auténtico adjudicatario por el de la persona a la que se vendía de forma fraudulenta la vivienda, haciéndola aparecer como adjudicataria de la misma”, refleja la sentencia. “A los expedientes de venta no se acompañaba el expediente histórico de la vivienda. De haberse hecho así, como aconseja la más elemental de las prudencias, un mero examen visual hubiera resaltado cómo los solicitantes objeto de este procedimiento no tenían la condición de adjudicatario”, recrimina el tribunal.

“Ni los directivos ni los funcionarios cumplieron su deber”, dice el juez

Con este sistema, el trabajador de Geplaur realizó varias operaciones fraudulentas. La principal fue la primera, en marzo de 2003, cuando ofreció al primo de su mujer, Alberto Cabezas Espigares, una vivienda en la calle de los Dibujantes. Aprovechando su acceso a los archivos del IVIMA, González Moreno los manipuló, de tal manera que le fue denegada la subrogación al hijo y heredero del propietario fallecido. De esta forma, su familiar se hizo pasar por el titular, “cuando en realidad había sido adjudicada a otra persona ya fallecida”. En mayo de ese año, Cabezas escrituró la vivienda por 2.144,29 euros. González Moreno se encargó de presentar los documentos imprescindibles para lograr la venta, como la carta del presidente de la comunidad de propietarios de estar al corriente de pagos.

Una vez efectuada la compra, Cabezas lo puso en conocimiento de personas de su círculo de confianza. Algunas mostraron interés en la adquisición de ese tipo de viviendas en las mismas condiciones, repitiéndose el proceso. Cabezas se ofreció “como intermediario” ante González Moreno “para facilitar la compra” a los interesados. La Audiencia le condenó a tres años y tres meses de prisión y una multa de 3.000 euros. El tribunal considera probado “que, cuando los adjudicatarios solicitaban el acceso a la propiedad, no se examinaba el expediente de cada vivienda; se limitaban exclusivamente a la comprobación en la base de datos si el solicitante coincidía con el que aparecía en pantalla como adjudicatario”.