Condenado un edil que pedía 15.000 euros para dar una licencia de taxi

En marzo de 2009, el concejal de Hacienda y primer teniente alcalde, José González Fernández (Partido Popular), de El Álamo, se reunió con un vecino de la localidad. Ambos tenían que hablar sobre un asunto muy concreto: una licencia de taxi. Tres años antes, este residente en este municipio del sur de la región había realizado una petición oficial para que su mujer pudiera ejercer de taxista. No obtuvo respuesta hasta que González Fernández le llamó. Durante la conversación apareció una cifra: 15.000 euros. “Para atender el pago de festejos del Ayuntamiento”, aclaró González Fernández insinuando que si no pagaba esa cantidad no adjudicaría la licencia. El matrimonio no sabía que su petición ya había sido aprobada unos meses antes; González Fernández desconocía que la conversación estaba siendo grabada.

“El objetivo de la operación era la obtención por este método [a cambio del dinero] de la autorización de la transmisión de licencia de taxi a nombre de Juliana L.”, argumenta el fiscal. Un delito de cohecho que el matrimonio llevó a los juzgados en septiembre de 2013. A pesar de la grabación, un jurado popular absolvió a González Fernández basándose en que la licencia se había acabado concediendo a pesar de que el pago pedido no se había satisfecho.

“El jurado no cumplió su función de valorar la realidad o irrealidad del hecho probado sino que explicó que el no pago de la cantidad exigida no tuvo consecuencias negativas; una motivación irracional y carente de lógica”, dijeron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cuando la Fiscalía recurrió la sentencia. Poco después, el TSJM la anuló por considerarla “arbitraria”. Y ayer, cinco años después del delito y con González Fernández aun ejerciendo sus labores públicas en el Consistorio —su nombre, su foto y sus cargos se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de la localidad donde viven unas 8.000 personas—, comenzó el juicio de nuevo.

Pero antes de arrancar, las partes llegaron a un acuerdo. Frente a los 18 meses de cárcel, el pago de 45.000 euros y los cuatro años de inhabilitación que pedía la acusación para el concejal, este ha reconocido su delito y aceptado una multa de 15.000 euros y la inhabilitación para ejercer cualquier tipo de empleo o cargo público durante tres años. La grabación fue clave para demostrar el delito y que el acusado lo reconociera: “La petición indebida de dinero existió porque la conversación tuvo lugar en los términos claros y concluyentes que se desprende de su contenido”, argumentó la acusación.