El fiscal pide a Alaya que exculpe a 12 imputados en los ERE por prescripción

La prescripción de los delitos del caso ERE ha pasado de ser un riesgo a convertirse en una realidad. La lejanía temporal de los delitos (hasta 14 años desde su comisión) y el proceloso ritmo de la investigación se han combinado como efectos nocivos para que la justicia vaya camino de exculpar a numerosos imputados en la causa. Así lo estima la Fiscalía Anticorrupción, que tras alertar en numerosas ocasiones sobre dicho peligro –por primera vez ya en 2011-, acaba de pedir a la juez Mercedes Alaya que exima a 12 empresarios de responsabilidad penal por las ayudas públicas. Es decir, el fiscal estima que han prescrito los delitos supuestamente cometidos y la justicia no puede actuar contra ellos. Eso sí, les pide la devolución de las ayudas directas que por 1,8 millones les concedió la Junta de Andalucía hace más de una década, gracias al fondo de los ERE, dotado con 850 millones.

La prescripción de delitos ha sido una canción recurrente oída con insistencia en la instrucción del caso, pero que la juez Alaya rechazaba reproducir porque consideraba que no tenía base. La magistrada ha ignorado las alertas de los fiscales para proceder contra los responsables y beneficiados por las ayudas públicas concedidas en los años iniciales del fondo para empresas en crisis, que arrancó en 2001. En vez de notificarles su imputación –que pararía el reloj de la prescripción de manera automática en términos procesales-, la instructora ha priorizado la apertura de numerosas investigaciones paralelas que afectan ya a todas las consejerías de la Junta, muchas de ellas paralizadas ante la imposibilidad de la instrucción de abarcarlas todas.

Resultado: Anticorrupción acaba de pedir archivar la imputación de una docena de empresarios al estimar que la malversación y prevaricación a la que supuestamente contribuyeron como receptores ha prescrito. El pasado 6 de febrero Alaya les imputó en la causa junto a otros 24 empresarios y alcaldes –cuatro años después de iniciar la causa- pese a que desde 2011 era público su recepción de ayudas públicas. Sin embargo, la fiscalía estima que la acusación de la juez llega tarde: “Interesamos que por la magistrada se declare la prescripción de las conductas de aquellos imputados perceptores de ayudas (…) cuyo importe sea claramente inferior a 450.000 euros (…) siempre y cuando hayan pasado más de 10 años”, explican los fiscales en su escrito.

Entre los empresarios figuran por ejemplo Antonio Diana Expósito, dueño de una gasolinera en Cazalla de la Sierra (Sevilla) que recibió 60.000 euros en julio de 2004. Beatriz Pérez, hermana de la exdelegada de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla Pilar Pérez, recibió una subvención directa de 220.354 euros para un portal en Internet denominado Andalucine. Y Luis García, que recibió 270.455 euros en 2004 por una ayuda para la cooperativa agrícola Virgen de Belén en Pilas (Sevilla). En el caso de Eustaquio Reina por una ayuda de 300.000 euros la propia Alaya ha archivado las actuaciones, ya que el empresario falleció en enero.

En su escrito, la fiscalía traza una línea roja para la prescripción de delitos: 10 años y 450.000 euros. Toda ayuda que supere la década de antigüedad y sea menor que dicha cantidad no es perseguible por la ley. Para el resto, los delitos no han prescrito. El fiscal recuerda la supuesta injusticia por la que estos empresarios –y no otros- accedieron a estas ayudas: “El alto número de empresas existentes en la comunidad autónoma (…) que se vieron totalmente imposibilitados de concurrir de forma lícita a estos recursos públicos”. A continuación, subraya la jurisprudencia del Supremo para considerar los delitos “de especial gravedad” y poder aplicarles la prescripción de 15 años en lugar de 10. Asimismo estima que el umbral de la cantidad perseguible se fija en 450.000 euros.

La petición de archivo por parte de la fiscalía responde a un escrito presentado por el letrado Juan Carlos Alférez para lograr la prescripción a tenor de la antigüedad de las ayudas concedidas a dos empresarios. Y para este abogado, la respuesta de los fiscales supone aceptar en parte sus tesis de cara al futuro tribunal sentenciador. Alaya se había acogido a una jurisprudencia antigua del Supremo para extender la prescripción a los 15 años, mientras que los fiscales han acortado el límite hasta los 10 años en función de una nueva doctrina que beneficia a las defensas.

Alférez estimaba que una ayuda de 600.000 euros en una comunidad autónoma de 8 millones con un presupuesto de más de 20.000 millones en 2003 “nunca podrá ser considerada de especial gravedad”. Los fiscales aceptan la tesis de la década para la prescripción, pero rebajan la frontera de la entidad de una ayuda desde los 600.000 euros del abogado hasta los 450.000 euros.

Por último, los fiscales piden añadir la imputación de seis personas más tras analizar el atestado de la Guardia Civil sobre las ayudas directas otorgadas en la Sierra Norte sevillana a empresas como Estudios Jurídicos Villasís, el Venero de Móstoles y Enoworld.