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El accidentado aterrizaje de Alaya

Los jueces de la Audiencia advierten de que la imagen de la justicia peligra con la llegada de la instructora a la sala que resuelve los recursos del ‘caso ERE’

Mercedes Alaya, a su llegada a los Juzgados de Sevilla. Ampliar foto
Mercedes Alaya, a su llegada a los Juzgados de Sevilla.

Como los últimos cinco años, la juez Mercedes Alaya va unida a la polémica. Esta vez no se ha debido a una resolución suya, sino que su mero traslado a la Audiencia de Sevilla desde su juzgado de instrucción ha levantado una polvareda judicial que se resolverá el próximo martes. En enero Alaya solicitó abandonar las investigaciones que han puesto en jaque a la Junta de Andalucía, para ascender a la Audiencia. Pasar del ojo mediático y los grandes titulares, al silencio y casi anonimato fuera de los focos de una sala colegiada, donde compartirá despacho con otros cuatro magistrados y su protagonismo se desdibujará.

Sin embargo, hasta la transición de la magistrada para abrazar el anonimato ha deparado una controversia que traspasa el ámbito de las togas. Por la norma que prioriza la antigüedad de los jueces, a Alaya le correspondía el puesto vacante en la sección séptima, sala que resuelve todos los recursos del caso ERE que ella instruye desde 2011. Esto significa que de manera frecuente la juez se vería abocada a abstenerse para así no participar en las deliberaciones de sus compañeros para respaldarla o contrariarla.

Pero cuando el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, confirmó que la instructora compartiría despacho en la séptima, los magistrados levantaron el dedo para alertar de la trascendencia de este aterrizaje. Los jueces lamentaron la “imagen que la justicia pueda dar” y expresaron su “profunda preocupación” si Alaya llegaba a formar parte de la sala que analizaba sus anteriores decisiones, ya que esto podría alterar la percepción pública sobre la imparcialidad debida de los jueces. A continuación, Álvarez reaccionó, tomó nota y dijo que reconsideraría su decisión tras las quejas de los magistrados. Este martes traslada su dictamen a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

Si Álvarez ha cambiado o no de decisión es aún un misterio, pero en cualquier caso la polémica generada ha creado un malestar entre los actores involucrados. Alaya no entra en la Audiencia con buen pie, sea cual sea su destino. Las opciones se limitan a las secciones que ven casos penales: tercera, cuarta o primera, que resuelve los recursos del caso Betis. En caso de trasladarse a la primera, fuentes jurídicas plantean: “¿Son de menor importancia los imputados del caso Betis que los del caso ERE?”. En el escenario planteado se enfrentan variables como una norma del reglamento que regula las vacantes de jueces en la Audiencia, la imagen de la justicia, y por último la repercusión mediática del caso de corrupción más relevante en la comunidad, que afecta a dos expresidentes de la Junta imputados como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La magistrada tendría que abstenerse en los recursos de sus causas que llegaran a la sección séptima

La sección séptima lleva resueltos más de un centenar de recursos de los ERE en los últimos tres años, y la carga de trabajo irá en aumento a medida que la cifra de imputados sigue al alza. Si Alaya desambarca en la sección, los magistrados para deliberar y resolver estos asuntos disminuyen de cinco a cuatro. El escrito planteado por la sección no ha sido bien acogido por otros magistrados de otras secciones, poco acostumbrados a las filtraciones en prensa. “Me ha sorprendido el escrito porque las plazas se asignan por antigüedad y no debe haber otro criterio. Y desde luego es improcedente sacarlo a la opinión pública porque se explica mal lo que ha pasado”.

Y lo que ha pasado es una cuestión insólita, en la que tras pedir el traslado Alaya, otras dos magistradas han solicitado sendos traslados dentro de la Audiencia y, finalmente, por turnos de antigüedad la instructora ha recalado en la séptima, una sección cuyas decisiones son escrutadas por los medios, dada su trascendencia. Una extraña alineación de astros.

En teoría, la abstención de un juez de la Audiencia en un asunto sobre el que ya ha resuelto como instructor, debe bastar. Y en casos extremos, se puede recusar al juez. Eso en teoría. La práctica habla de que los jueces de la Audiencia comparten despacho y la continua abstención de uno de ellos para deliberar sin presiones, se antoja complicado por razones operativas de espacio. Fuentes de la sección séptima, subrayan "el respeto profesional y personal" hacia Alaya y matizan que no existe rechazo "a su incorporación".

Un magistrado de otra sección, apunta: “Hemos revocado decisiones de compañeros sentados enfrente. Y de vez en cuando hacemos votos particulares. Hay más despachos y no hay por qué deliberar delante del otro. Somos lo suficientemente honestos y profesionales para resolver esto y otras situaciones más complejas. Estamos poniendo vendas donde no hay herida”. Pasado mañana se despeja la incógnita sobre si ha habido exceso de celo.

De dos millones a solo 480 euros

Las resoluciones de la sección séptima de la Audiencia sobre el caso ERE han respaldado en general a Alaya, salvo excepciones como la imposición de la prisión preventiva para los imputados, que la sala consideró excesiva. También discreparon sobre la imposición de fianzas millonarias.

El último auto va en esa dirección, y los jueces reducen la fianza fijada a la imputada María José Rofa, de dos millones de euros a solo 480 euros. Los magistrados censuran las decisiones de la juez respecto a Rofa, extécnica de la Consejería de Empleo y mano derecha del ex director general de Trabajo Juan Márquez. “Se aprecia una desigualdad de trato que carece de justificación objetiva y razonable en relación con la imputación a ambos imputados”. La resolución se refiere a que Alaya evitó imponer fianza a otro técnico de Empleo en similares circunstancias, por lo que para lograr coherencia y justicia en la imposición de cantidades pecuniarias para ambos acusados, debe anularse la fianza a Rofa.

“La señora magistrada instructora, omite las concretas circunstancias fácticas o personales que justificarían la diferencia de trato conferida a cada uno de ellos, pese a la práctica identidad de hechos imputados con carácter general”, matiza el auto.

La fianza para Rofa es un ejemplo de lo complicado y paradójico que resulta la causa de los ERE. Alaya se opuso en principio a imponerle fianza a Rofa dada su colaboración con la justicia, después de que relatara en varios folios un comportamiento supuestamente sospechoso por parte de la excúpula de la Consejería de Empleo bajo la dirección de Manuel Recio. A continuación, la Fiscalía Anticorrupción recurrió ante la Audiencia para que le impusiera una fianza de 205 millones por las subvenciones a las que contribuyó como técnica. Tras dar la razón al fiscal, Alaya acató la orden de la Audiencia “por imperativo legal” —una fórmula para mostrar su desacuerdo— y le impuso la fianza. Ahora la Audiencia mantiene la fianza pero la reduce a solo 480 euros.