El carpetazo a las dietas irregulares allana el camino a 20 alcaldables

La decisión judicial que ha dado carpetazo a las dietas irregulares de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) allana el camino a más de una veintena de alcaldes que optan a la reelección. A escasos dos meses para las elecciones municipales, los alcaldables imputados por cobrar sobresueldos —que pertenecen a casi todos los partidos políticos— han recibido este lunes la mejor noticia para presentarse ante los electores limpios, al menos sobre el papel, de cualquier sospecha de corrupción: la Audiencia de Barcelona ha archivado la causa contra todos ellos al no apreciar indicios de delito.

El sobreseimiento libre de las dietas —una de las piezas del caso Mercurio, que indaga la corrupción generalizada en torno al Ayuntamiento de Sabadell— fue celebrada por todos los partidos con candidatos involucrados. La mayoría pertenece al PSC, aunque también hay alcaldables de CiU, Esquerra, Iniciativa y PP. La euforia de los políticos contrasta con el malestar de la Fiscalía Anticorrupción. Aunque la resolución es firme y, por tanto, no puede ser recurrida de forma ordinaria, el fiscal Fernando Bermejo estudia presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los jueces concluyen que los fondos del ente municipalista no son públicos

Entre 2011 y 2012, el ente municipalista —dirigido entonces por el socialista Manuel Bustos, imputado por varios delitos en el caso Mercurio— pagó casi 300.000 euros a 44 alcaldes que formaban parte de su comité ejecutivo. Según los Mossos d’Esquadra, el fiscal y la juez instructora, esos abonos se hacían constar en los presupuestos como dietas pero encubrían, en realidad, sobresueldos injustificados. La magistrada imputó a esos alcaldes y exalcaldes y, posteriormente, extendió las imputaciones a otros excargos locales que habían percibido otras cantidades desde 2004. En total, declararon como imputados 54 alcaldes. La decisión judicial, aunque resuelve los recursos de algunas defensas, les exculpa a todos ellos.

La clave del caso estriba, entre otras cosas, en decidir si el dinero que recibieron los alcaldes es público y, por tanto, puede hablarse de un delito de malversación. Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona concluyen que no. El ponente del auto, Josep Niubò, admite que la “apariencia primera” es que se trata de dinero público, pero matiza que esa apariencia “no se corresponde con la realidad jurídica”. La Federación, concluye, está sometida al derecho privado “y, por tanto, los fondos recibidos y gestionados no tienen carácter público”.

La Fiscalía sostiene, por el contrario, que se trata de dinero público porque se nutre de las cuotas de los ayuntamientos. La resolución admite que esa cuota “es parte inequívocamente de los fondos públicos que gestiona” cada ayuntamiento, pero añade que, en el momento en que pasan a ser gestionados por un ente privado como la FMC, “pierden la consideración de dinero público”. Los magistrados no ven delito, pero señalan que “podría cuestionarse el gasto que la integración” (en la FMC) supone para cada municipio.

Por el juzgado de Sabadell desfilaron los alcaldes y exalcaldables imputados, que defendieron la legalidad de los cobros. Algunos matizaron, sin embargo, que no habían recibido ninguna cantidad. La decisión judicial, en cualquier caso, pone las cosas más fáciles a quienes el próximo 24 de mayo vuelven a concurrir a los comicios: Miquel Arisa, Núria Marín, Josep Fèlix Ballesteros, Maria José Beltran, Xavier Amor, Teo Romero, Joan Castaño, Ana Maria del Puy, Esther Pujol y Iolanda Pineda (PSC); Carles Pellicer, Montserrat Mundi y Mireia Solsona (CiU); Josep M. Freixanet, Teresa Jordà, David Rodríguez y Xavier Casoliva (ERC), Lluís Tejedor, Isabel Garcia y Jordi San José (ICV) y Lluís Caldentey y Manuel Reyes (PP).

El resto de imputados y ahora exonerados bien no repiten o bien no ostentaban ya cargos de representación. El PSC, la formación con más candidatos, celebró la decisión: “Todos sabíamos que se estaba haciendo un uso inadecuado de la FMC como ente y que todo lo que se estaba diciendo era mentira”, dijo el alcalde de Cornellà, Antoni Balmon.