Detenido el consejero delegado de Banco Madrid por presunto blanqueo

El ritmo machacón de las contadoras de billetes resonaba a primera hora del miércoles en la oficina de la sede central de la Banca Privada d’Andorra (BPA), en Andorra la Vella. Los banqueros devolvían el dinero a una decena de ciudadanos alarmados por la intervención de la entidad, anunciada la tarde anterior por el Gobierno. Era el comienzo de la mayor crisis financiera a la que se ha enfrentado jamás el Principado, desatada por un informe del Tesoro norteamericano que acusa a BPA de favorecer el blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales. Tras la intervención del banco y la destitución de todo el consejo de administración, la tarde del viernes llegaba la primera actuación de carácter penal, con el arresto de Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado de BPA y de su filial Banco de Madrid.

La detención, según fuentes policiales, se efectuó a las 19.00 horas del viernes en el domicilio de Miquel, acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales. El arresto se produjo apenas tres días después de que arrancaran las pesquisas de la fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera y de que, a la vez, el supervisor bancario y un equipo de inspectores desembarcaran en la entidad controlada por la familia Cierco para rastrear los movimientos efectuados desde BPA. Fuentes policiales explicaron que tras realizar las diligencias pertinentes, Miquel Prats pasará a disposición judicial.

Según publicó ayer Diari d’Andorra, el arresto del consejero delegado está vinculado al caso Emperador, la operación que instruye la Audiencia Nacional contra la mafia china. Según la unidad anticorrupción del Tesoro norteamericano, el supuesto cabecilla de la trama, Gao Ping, habría sobornado a altos directivos de BPA para poder lavar dinero procedente de actividades delictivas para luego transferirlo a compañías fantasma radicadas en China. Así se habrían movido cerca de 20 millones de euros. Miquel Prats ha sido durante años la mano derecha de los Cierco y el encargado de la internacionalización de BPA.

La investigación sigue abierta, de modo que no se descarta que se efectúen nuevas detenciones. Además de Miquel Prats, el supervisor andorrano también destituyó a dos directores generales adjuntos, Santiago de Rosselló y Xavier Campos. Ambos ejecutivos están supuestamente relacionados con otro de los casos que cita el documento del FinCen y que también está siendo investigado en España. Se trata de la Operación Clotilde, que indaga sobre una presunta trama liderada por Andrei Petrov, que en 2013 fue detenido por blanqueo de capitales en una causa en la que está imputado el exalcalde de Lloret de Mar y diputado Xavier Crespo (CiU). La Audiencia Nacional cursó una comisión rogatoria en 2013 para intervenir los teléfonos de los dos directivos después de que las investigaciones policiales apuntaran a que viajaron en varias ocasiones a Moscú para reunirse con jefes de la mafia rusa.

Tras una intervención tímida de BPA el pasado martes, las autoridades financieras andorranas decidieron la noche del miércoles destituir al consejo de administración y a esos tres directivos y tomar las riendas del banco. Desde entonces, las reuniones del Gobierno, el INAF y los bancos han sido constantes para tratar de contener las hemorragias que se abrían en varios frentes.

Andorra constató que tras la salida del informe del FinCen, la operativa de BPA quedaba limitada a sus fronteras. Casi todos los bancos del mundo bloquearon de inmediato todas las operaciones con la entidad. El sector financiero, que representa el 18% del Producto Interior Bruto (PIB) del Principado, temió un efecto contagio a toda la plaza financiera del país, que hasta 2012 estuvo en la lista negra de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ese miedo llevó a las autoridades andorranas a una actuación más contundente.

Las retiradas de efectivo del primer día, que ascendieron a unos 20 millones de euros, según fuentes financieras, siguieron en días posteriores. Los clientes decidieron abrir cuentas en otras entidades ante las dificultades para operar con BPA e incluso para usar sus tarjetas de crédito. Las autoridades andorranas, una vez asumida la administración de la entidad, se dedicaron a tratar de abrir canales fuera del país para que los clientes de la entidad pudieran operar en el extranjero. A última hora del viernes, el INAF anunció que el próximo lunes se ejecutarán todas las órdenes cursadas en los últimos días. Fuentes financieras explicaron que el resto de entidades hasta ahora no han tenido dificultades para operar con bancos extranjeros.

El otro frente abierto es el futuro de BPA, que el Gobierno andorrano quiere zanjar cuanto antes. La crisis es de tal magnitud que incluso en las reuniones con la banca se ha barajado una nacionalización de la entidad, aunque esa opción despierta recelos entre las familias propietarias de los bancos. Las autoridades financieras alientan una fusión con otra entidad, en especial Crèdit Andorrà, que cuenta con unos fondos propios de 600 millones. La banca, no obstante, quiere echar el freno a ese proceso al considerar que requiere de un examen más minucioso para conocer todos los fondos contaminados y saber si un solo operador puede asumir esa absorción.