Las cacerías con un contratista ponen al delegado del Gobierno en la picota

Los escándalos de corrupción jalonaron el inicio de la legislatura y marcan también su final. El PP se vio obligado este viernes a aceptar que la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, comparezca en una comisión de las Cortes Valencianas para explicar por qué no se localizan determinados expedientes relacionados con el fraude en el departamento de Cooperación cuando Rafael Blasco, ahora condenado, era el titular. Los documentos tienen que ver con una de las ramas del caso bajo investigación judicial, relativa al proyecto de construir un hospital en Haití. Y Sánchez Zaplana alega que se los llevó la policía cuando registró la consejería y no ha quedado copia.

Al mismo tiempo, toda la oposición cargó con dureza por los datos que se van conociendo de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre las cacerías en las que participó Serafín Castellano cuando era consejero de Gobernación junto al dueño de Avialsa, la empresa contratista del servicio de extinción de incendios. Además del supuesto regalo de un rifle, Castellano, actual delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, habría recibido 5.000 euros del propietario de esa empresa para ir de caza, según la declaración del jefe de personal de la adjudicataria, que publicaba ayer el diario El Mundo. El dinero le habría llegado a través de otro empleado de Avialsa y hombre de confianza de Castellano, el alcalde de Quartell, Francisco Huguet.

“Es preocupante que el delegado del Gobierno sea investigado por Anticorrupción”, señaló el portavoz de la Coalició Compormís, Enric Morera, que recordó “no solo los regalos, rifles y cacerías”, sino los contratos de la Consejería de Sanidad cuando Castellano fue su titular con la empresa Over Marketing, un caso que en su momento fue archivado. “El delegado del Gobierno ha declarado ante el fiscal”, aseguró Morera, algo que desmintieron fuentes de la Fiscalía. “Tendrá que dar explicaciones en sede judicial”, insistió, para considerar “impensable recibir información en sede parlamentaria del Consell de Alberto Fabra”. El portavoz de Compromís destacó que, mientras las brigadas forestales veían recortados sus fondos, el contrato de Avialsa creció en de 10 millones.

Sánchez Zaplana explicará la pérdida de expedientes de Cooperación

También el socialista, Antonio Torres, aludió al hecho de que la contrata pasó de 11 millones en los años 2008 y 2009 a más de 22 millones. Torres recordó otro caso polémico que afectó a Castellano, el de los contratos con el empresario Taroncher, amigo suyo. “Se ha ido sin dar la cara, sin dar explicaciones”, indicó en referencia a su cese como consejero y su paso a la Delegación del Gobierno. “El PP no permite a los responsables dar la cara. Desde el Gobierno deberían pedirle que dé explicaciones”.

El portavoz del PP, Jorge Bellver, negó que Castellano se haya escondido. “Siempre ha dado las explicaciones oportunas”, aseguró, para negarse a hacer comentarios sobre la actuación de Anticorrupción. Bellver dijo también a los periodistas que la consejera Sánchez Zaplana dará explicaciones en el Parlamento sobre los expedientes desaparecidos.

Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, que había pedido junto a Mònica Oltra, de Compromís, la comparecencia de la consejera en el pleno, criticó tras la Junta de Portavoces, que el PP se negara a ello y remitiera al trámite de pedir la comparecencia ante la comisión correspondiente. Blanco calificó de “mayoría absolutista” la que ejerce el PP en las Cortes Valencianas y consideró muy grave el caso, dado que el asunto afecta a Rafael Blasco, “y Blasco tiene la mano muy larga”. El portavoz de EUPV consideró “ineludible” la comparecencia, que finalmente Bellver asumió, —”hay plazo y se dará esa comparecencia”, dijo—, aunque acusó a la oposición de buscar “triquiñuelas” y ejercer “presiones de última hora”.