Rigau amplía el examen médico a más alumnos para evitar críticas

En total serán 10.000 los menores que para ingresar a P3 en el próximo curso escolar tendrán que someterse a una revisión médica obligatoria. El Departamento de Enseñanza, dirigido por Irene Rigau, rectificó ayer su decisión de que la medida fuera solo para los niños que estudiarán en escuelas ubicadas en zonas deprimidas socialmente y añadió a otros 3.000 menores de otros centros. Rigau intenta así neutralizar las críticas emitidas desde la oposición en el Parlament y la Federación Catalana de Ampas (FAPAC), que consideran que la medida es discriminatoria.

Enseñanza, en la presentación de la preinscripción del curso 2015-2016 el pasado lunes aseguró que la revisión médica estaba avalada por el Departamento de Salud y la Sociedad Catalana de Pediatría y buscaba identificar problemas que impidieran el buen rendimiento escolar y de adaptación de los menores.

En una entrevista en BTV, Rigau insistió ayer en la importancia de identificar, por ejemplo, problemas de audición o motricidad. “No son informes burocráticos, le darán información útil a los maestros”, explicó la consejera. Aseguró que la elección en primer lugar de los 7.000 alumnos que asistirán a los centros de máxima complejidad (unos 230 en Cataluña) era solo “una muestra”. “Habría podido ser [por orden de apellido] de la A a la L” explicó Rigau, pero finalmente se escogieron los menores porque la información podría ser beneficiosa para “los que están en situaciones más difíciles”.

El próximo curso, se calcula que unos 73.000 niños comenzarán P3. Es decir, el planteamiento inicial era que se sometería al examen el 10% de la población escolar para ese curso. En una nota de prensa, Enseñanza explicó que la decisión de ampliar en 3.000 estudiantes más el programa (vienen de las escuelas rurales y de los 43 centros que participan en un programa de la Fundació SHE). La rectificación, dice el departamento, busca seguir las recomendaciones de algunas AMPAS y “demostrar que la medida se irá implementando de manera progresiva en todos los centros”.

La FAPAC volvió a pronunciarse ayer sobre la polémica, sin conocer los nuevos planes de Rigau. “La detección precoz está muy bien, pero ¿qué recursos aportas a los centros?”, criticó Àlex Castillo, su presidente. Las FAPAC no descartan presentar un contencioso administrativo contra la medida.