El PER vuelve a entrar en campaña

El Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario vuelven a entrar en la arena política coincidiendo con las inminentes citas electorales. La polémica se ha suscitado a raíz de la propuesta de Podemos, luego matizada, para acabar con el PER en un plazo máximo de 10 años y reformar el actual sistema de subsidios en el campo andaluz. Tanto PSOE como Izquierda Unida han salido en tromba a defender un sistema de protección creado en 1984 y que consideran un salvavidas para miles de trabajadores eventuales agrarios, al tiempo que han lamentado el “profundo desconocimiento” que la formación de Pablo Iglesias tiene de la realidad del campo andaluz.

La mecha de este nuevo incendio político con el PER como protagonista la prendió el secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual. “No puede ser que la Administración abdique de sus funciones e instituya el PER como una ayuda a perpetuidad sin ponerse a la labor de transformar la realidad del agro andaluz para que en un periodo de tiempo razonable podamos suprimirlo”, dijo Pascual, que concretó en 10 años el plazo máximo para eliminar el actual sistema. Y añadía que el campo andaluz debe dejar de ser un “sumidero” de ayudas públicas.

“Exijo respeto para el PER, un programa que durante décadas ha sido el salvavidas de millares de familias que viven del campo en Andalucía; quién pida erradicar este programa muestra un total desconocimiento y desarraigo de la realidad que sufre el agro de nuestra comunidad autónoma”, censuró el presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos.

“Podemos no puede venir aquí como pollo sin cabeza, haciendo propuestas sin pensarlas, sin conocer la realidad de esta tierra y ofendiendo a los andaluces”, le reprochó el también socialista Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén. Reyes ha lamentado que Podemos “caiga en los tópicos más lamentables sobre nuestra tierra” y que “recupere el discurso de la derecha pura y dura”, en alusión a críticas anteriores de gobernantes como Esperanza Aguirre (con sus famosas “pitas, pitas”) o Durán i Lleida.

La candidata de Podemos a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, tuvo que salir al paso de las propuestas de su compañero Sergio Pascual para negar que su formación pretenda quitar el PER. Y su compañera Mari Carmen García, número tres de Podemos por Sevilla y miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), matizó que lo que su partido reclama es un reparto más transparente de los fondos del medio rural. “Pedimos que la adjudicación de los contratos de las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea) —antiguo PER— dejen de utilizarse para hacer política partidista”, dijo García.

La candidata de Podemos en Andalucía intentó minimizar la polémica al señalar que “cualquier reforma planteada debe ir encaminada a que el campo andaluz sea sostenible y rentable, nunca a quitar ayudas que sirven para hacer el campo menos desigual”. Pero también desde Izquierda Unida se ha acusado a Podemos de “desconocimiento” de la realidad del medio rural andaluz. El parlamentario por Jaén Juan Serrano recuerda que el coste del subsidio y la renta agraria —de unos 700 millones de euros anuales— y del Pfoea —de 187 millones el último año—, “apenas suponen el 4% del gasto total de prestaciones por desempleo en todo el país”. El coordinador federal de IU, Cayo Lara, abundó en esta tesis al afirmar que el coste del subsidio y el Pfofea “equivale a lo que se paga en siete días en intereses abusivos de la deuda pública”.

El rifirrafe político ha vuelto a airear también los estereotipos más erróneos sobre el campo andaluz. Andalucía y Extremadura concentran casi el 70% de los eventuales agrarios del país, pero el subsidio y la renta agraria solo lo cobran una media de 130.000 personas al año (apenas una cuarta parte del total de afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social), frente a los más de tres millones de perceptores del desempleo en todo el país. Cuando los trabajadores acreditan 35 peonadas dentro del antiguo PER tienen derecho al subsidio agrario, una prestación de 426 euros durante seis meses, aunque los jornaleros se tienen que pagar cada mes el conocido como sello agrario, de unos 86 euros.

Este año, como consecuencia de la drástica caída de la cosecha en el olivar por la sequía del pasado año, el Gobierno ha rebajado de 35 a 20 las peonadas necesarias para el cobro del subsidio y la renta agraria, una medida que tendrá vigencia durante seis meses y que beneficiará a unos 52.000 eventuales agrarios en Andalucía.

Sin embargo, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) —algunos de cuyos dirigentes colaboran de modo estrecho con Podemos— se ha criticado la “discriminación” hacia los jóvenes menores de 25 años sin cargas familiares, a los que se exigen 35 peonadas.

También se censura que la medida del Gobierno solo tenga validez hasta agosto, fecha a partir de la cual volverán a exigirse los 35 jornales.

“Hay que seguir peleando para la eliminación completa de las peonadas durante este año, que vaya acompañada de planes de empleo que den jornales para los parados y pardas del medio rural”, se indicó desde el SAT en Jaén.