La renta mínima que viene

La renta mínima de inserción (RMI), la última ayuda para personas sin ingresos y con alto riesgo de exclusión, espera desde 2011 una reforma. El Parlament aprobó el pasado jueves, sin el apoyo de CiU, una moción para forzar a la Generalitat a acometer en tres meses lo que no ha hecho en cuatro años.

Las entidades sociales, sin embargo, miran el calendario electoral. En juego está la subsistencia de los beneficiarios de los más de 27.000 expedientes activos, un 8,3% más que el año pasado. La entrega de los 460 euros mensuales se condiciona a realizar itinerarios de formación. En 2014, se liquidaron 154 millones de euros en esta prestación económica. El presupuesto de este año es de 173 millones.

Pero ¿cómo tendría que ser esta reforma? Expertos y entidades llevan haciendo propuestas desde antes del 2011. El verano de ese año, CiU decidió revisar la prestación y dejó a miles de personas sin la ayuda argumentando una lucha contra el fraude. “El cambio tuvo que ver más con un recorte en el gasto que con adecuarla a las necesidades”, cree Ignasi Carreras, profesor de ESADE.

Se excluyó, por ejemplo, a las personas sin empleo que no tenían una dificultad que derivara en peligro de exclusión social. Además, la RMI no se podría complementar más con otras ayudas. “El perfil de la pobreza y el riesgo de exclusión no han hecho más que aumentar y el formato de la prestación ha quedado desfasado. La posibilidad de reinserción para algunos colectivos es complicada”, dice Sebastià Sarasa, profesor de la Universidad Pompeu Fabra.

Desde Entidades Catalanas de Acción Social, ECAS, piden que “se clarifiquen los derechos y alternativas que tienen las personas que se cronifican en el programa”. El decreto que modificó la ayuda en 2011 establece que la prestación acaba tras 60 meses. Pero como muchos casos las posibilidades de entrar en el sistema laboral son muy limitadas, esa norma no se ha cumplido. De ahí que los trabajadores sociales aseguran que “es urgente derogar las medidas que se consideran inviables y definir las que restan vigentes”.

Otro aspecto es hacer complementaria la renta mínima. “La recepción de una ayuda para un alquiler social representa la pérdida de la RMI si se supera la cantidad límite de ingresos”, denuncian desde ECAS. David Casado, autor del estudio sobre RMI encargado en 2009 por IVALUA, coincide con Carreras en que es necesario desdoblar la prestación, una parte dedicada a la inserción de hogares altamente ocupables y otra más paliativa para la población en la cola de la exclusión. Una recomendación publicada en 2010.

El gran número de trabajadores “pobres”, también hace poner sobre la mesa el tema de que la ayuda sea compatible con los salarios precarios. Si bien la Generalitat ha agilizado el proceso para que un beneficiario con un trabajo temporal pueda regresar a la RMI una vez se acaba su contrato, las entidades aún ven trabas. Según una respuesta parlamentaria al grupo socialista, el 22% de los 553 receptores de la RMI que participaron en el plan de ocupación Formación y Trabajo volvieron a la prestación tras finalizar su itinerario. Otros 496 recibieron ayudas por desempleo.

La reforma también podría servir para diseñar un instrumento para combatir la pobreza infantil, propone Sarasa. La Mesa del Tercer Sector pidió en su último encuentro con el presidente Artur Mas una mensualidad de 465 euros para las 34.000 familias catalanas que no tienen ingresos. “Existen muchas dudas sobre si la RMI es solo para los perfiles laborales o también para los sociales, pues no existe otra alternativa en el sistema para personas con graves problemáticas sociales”, explican desde ECAS.

“No es que estemos pagando por hacer nada, estamos compensando desigualdades”, defiende Carreras Sarasa, quien cree que para realizar este cambio hace falta voluntad política. “No hay ningún argumento técnico para no incluir estas mejoras. Aquí hubo un consejero (Francesc Xavier Mena) que salió a culpar a los inmigrantes por el desbordamiento del programa”, agrega Sarassa. “La RMI no es una herramienta por si sola. Falta una política clara para la ocupabilidad de muchos perfiles", agrega.