Anticorrupción requirió las nóminas del alcalde Àngel Ros desde 2009

Los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado miércoles registraron durante diez horas las oficinas del Ayuntamiento de Lleida, solicitaron, entre otros documentos, las nóminas del alcalde, el socialista Àngel Ros, y de los concejales desde 2009. Los investigadores pretenden averiguar si durante los últimos cinco años tanto Ros como el resto de ediles percibieron cobros indebidos del consistorio leridano al margen de las cantidades que tienen asignadas y que están reguladas por ley.

La información requerida sobre sueldos, dietas y otros complementos percibidos por el alcalde y miembros de la corporación no estaba disponible en el momento de la inspección en formato papel. Sin embargo, fuentes municipales precisaron que estos daros serán remitida en los próximos días a la Fiscalía Anticorrupción una vez obtenidas las copias del sistema informático con esa información.

La investigación judicial se ha producido a raíz de la denuncia presentada por la exprimer teniente de alcalde y exconcejal de Urbanismo, Marta Camps, también del PSC y hasta entonces mano derecha de Ros. La denuncia le atribuye al alcalde supuestas irregularidades cometidas en la condonación de una deuda de casi 300.000 euros a los concesionarios de un local de ocio nocturno, y en el cobro indebido de dietas y complementos.

La denuncia se centra en el período de tiempo en el que Ros compaginó el cargo de alcalde con el de diputado en el Parlament, entre diciembre de 2012 y enero de 2014. Ros ha negado todas las acusaciones y ha declarado que ha actuado siempre dentro de la más estricta legalidad.

 El alcalde de Lleida reclamó ayer la máxima celeridad en la investigación para disipar las dudas que se ha sembrado sobre él con estas acusaciones de quien ha sido su más estrecha colaboradora en los últimos once años y que estaba llamada a ser su sucesora cuando decidiera dejar la alcaldía.

Ros explicó que la Fiscalía de Lleida ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada contra él por Camps por injurias y calumnias. El ministerio público dispone ahora de seis meses para decidir qué hace. Pasado ese tiempo puede archivar el caso, llevarlo al juzgado de guardia y prorrogar la investigación.