Injusticia en casa de la justicia

La mayoría del Consejo General del Poder Judicial que ha sancionado al juez Vidal a tres años de suspensión en su cargo y traslado forzoso puede estar tranquila y satisfecha. Felicidades. Forma parte de una larga tradición de expulsar o castigar al discrepante o al diferente, tan presente en nuestra historia, y que todavía sigue viva. Judíos, moriscos, herejes, liberales, masones y antifranquistas son buen testimonio de ello, y que no decaiga. Enhorabuena a la minoría por su defensa de la buena doctrina basada en el respeto a los derechos de los ciudadanos, aunque sean jueces. Todavía hay jueces en Berlín, como bien dijo el molinero de Postdam en su enfrentamiento con el Rey de Prusia. ¡Faltaría más!

Cabría interrogarse, ante la gravedad de la sanción, si el juez ha cometido hechos que guarden algún tipo de paralelismo con la sanción impuesta, como prevaricación, cohecho, corrupción, etcétera. No se le imputa nada parecido a estas deshonrosas conductas, productoras, en sí mismas, de indignidad al ser contrarias a la confianza social depositada en la magistratura y a las que el propio Consejo se ha limitado al imponer la sanción de la suspensión por tres años.

Se le castiga, concretamente, por haber participado en la elaboración de una futura Constitución de Cataluña. En ella intervinieron otros juristas, algunos magistrados. Fuera de su horario laboral, sin retribución ni encargo. Se le acusa, asimismo, de haber presentado aquel texto en diversos actos públicos en su condición de magistrado. Estas actuaciones encajan, según el Consejo, en la falta muy grave de haber incurrido en ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes judiciales. Llama la atención el esfuerzo rigorista del Consejo, por su severidad y por no ser conforme con los principios de legalidad y de tipicidad. Otra vez, en casa de herrero, cuchillo de palo.

¿Qué late debajo de tanto empeño persecutorio? Muchas razones. El caso del juez Vidal es indicativo de la crisis en la que está sumergida la Justicia que incluye, entre otros aspectos, el que en ella coexisten dos tipos de juez, ambos admitidos por la Constitución, la cual no impone ninguno de ellos.

No queda acreditado que se haya producido un quebrantamiento de la confianza social en el Poder Judicial

Al lado del juez clásico, pasivo, técnico, encerrado en su propio mundo, cartujano y pretendidamente apolítico (de derechas, por supuesto), encontramos a otra clase de jueces más integrados en la sociedad civil, activistas, participantes en actividades extrajudiciales y atentos a la realidad social. Estos jueces consideran que el hecho de serlo no suprime su condición de ciudadanos y que son, por tanto, titulares del conjunto de derechos constitucionales. Entre ellos el derecho a la libertad de expresión.

Nadie sostiene, sin embargo, que esas actividades de juez carezcan de límites: no han de mermar su dignidad, imparcialidad e independencia. Los jueces son unos ciudadanos especiales, pero ciudadanos. Las resoluciones judiciales del juez Vidal, en ningún caso, se han visto afectadas por su ideario político ni tampoco consta que debido a aquellas haya habido incidentes ni recusaciones o abstenciones. No queda acreditado que se haya producido un quebrantamiento de la confianza social en el Poder Judicial. La tentación de castigar al discrepante está omnipresente pero en una sociedad democrática que acepta el pluralismo político y la tolerancia ha de ser vencida so pena de incurrir en el autoritarismo y en la persecución de las ideas y de las personas.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 42/2014, entiende que no hay en la Constitución un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos pacíficos de reforma constitucional. El juez Vidal, en realidad, lo que preconiza es esa reforma. Nada más. La elaboración de una Constitución catalana no está prohibida ni tiene por qué ser clandestina. Se trata de una actividad técnico-jurídica con una proyección, de futuro, política. Discrepar de la Constitución y del TC, si se hace por medios pacíficos y respetuosos, es lícito y, en una sociedad democrática, una obligación y una necesidad. La adhesión a ella y al TC no es obligatoria.

Mantener que el juez Vidal es merecedor de su suspensión durante tres años del cuerpo judicial es representativo de una mentalidad totalitaria que concibe los textos legales y a las instituciones como objetos sagrados merecedores de culto. El discrepante ha de ser apartado, sin remisión, del Paraíso. El principio de proporcionalidad una antigualla. El progreso social y la reforma legislativa, prohibidos hasta nueva orden.

Seamos positivos y contemplemos las actividades del juez Vidal de forma serena y objetiva. Un magistrado profesionalmente ejemplar que, preocupado por un determinado problema, como otros muchos de sus conciudadanos, elabora junto con otros magistrados y expertos jurídicos un texto legal de futura y no segura vigencia para el caso de que se produzca un cambio en Cataluña, no merece ser tratado como un ser indigno. Ha de serlo con respeto aun sin compartir su ideología.

No todo está perdido, dada la división producida en el Consejo. Si se determina en vía de recursos por el Consejo o por el Tribunal Supremo que el juez no ha cometido ninguna infracción y no sanciona su ideología, lo habrá salvado y, también su prestigio institucional. La libertad y la discrepancia han de ser protegidas. En suma, se trata de vivir en democracia y según la Constitución. Difícil pero necesario.

Àngel Garcia Fontanet es exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña