“Los bancos podrán ir a por tus padres, avalistas solidarios”
Activistas de la PAH critican que la Ley de Segunda Oportunidad permita que los fiadores paguen la hipoteca
"Los bancos podrán ir a por tus padres, avalistas solidarios". Irene Escorihuela y Carlos Macías, activistas de la PAH, han reclamado esta mañana una reforma radical de la Ley de Segunda Oportunidad que el Gobierno aprobó el pasado viernes. Lo han hecho acompañados de una veintena de miembros de la Plataforma en un local de la asociación en la barcelonesa calle de Leiva. Los activistas critican los requisitos que impone la norma para acceder a la dación en pago, y denuncian que los avalistas sigan obligados al pago de la hipoteca. Por este motivo los portavoces de la asociación reclaman que la ley permita condonar el préstamo sin que los fiadores deban seguir pagándolo. "Que se queden con la vivienda y se acabó la deuda", ha pedido Macías.
La norma permite que deudores de una hipoteca puedan negociar con las entidades financieras la condonación de esta a través de un procedimiento extrajudicial. Sin embargo, el ciudadano no debe rebasar una mínima capacidad de pago, no especificada en la norma, durante cinco años. En caso contrario deberá devolver el préstamo. "Tu situación no puede cambiar. Si no se cumplen las condiciones, hay que volver a pagar deudas", ha denunciado durante la rueda de prensa Escorihuela, quien ha lamentado la dureza del proceso: "Se retiran todos los bienes, menos lo más básico de las familias. No es hasta que has liquidado los bienes que puedes exigir exoneración de las deudas".
Macías ha abundado en esta tesis, y ha añadido que, en todo caso, la ley ofrece una "segunda oportunidad a la banca para cobrarlo todo". "Si pasas de cobrar 426 a 1.500 euros al mes tendrás que devolver la deuda. El mensaje que te envían es que debes ir a la economía sumergida", ha remachado. El procedimiento extrajudicial, además, está condicionado a la negociación con las entidades financieras. Un punto que los activistas de la PAH han criticado. "No confiamos en que se pueda aplicar por la falta de voluntad de las entidades financieras y la falta de recursos de las personas", ha apuntado Escorihuela.
La PAH reclama que el perdón de la deuda no esté condicionado a la capacidad de pago
Los activistas también denuncian que los avalistas sigan sujetos al pago de la deuda. "La mayoría de familias con hipotecas tienen a sus padres como avales, y los avales siguen respondiendo. Los bancos podrán ir a por tus padres, avalistas, obligados solidarios", prevé Escorihuela. Por otra parte, la condonación de la deuda solo se aplica a los préstamos privados. Aquellos concedidos por las administraciones públicas no se anulan.
La Plataforma propone remplazar el procedimiento extrajudicial de pagos con la dación en pago de la vivienda, sin que los fiadores deban seguir pagando la hipoteca. El perdón de la deuda, además, no debería estar condicionado a los ingresos de la persona. "¿Qué se podría mejorar [de la norma]? Que [las entidades] se queden con la vivienda y se acabó la deuda. No vas a por el resto del patrimonio ni a por los avalistas", ha reclamado Macías, quien ha avanzado que la plataforma reclamará durante la campaña electoral la reforma de Ley de Segunda Oportunidad: "El sábado o el domingo las 230 [asociaciones de la] PAH celebraremos una asamblea en Gijón. Entonces decidiremos las medidas de presión".
“Me obligan a trabajar en la economía sumergida”
La Ley de Segunda Oportunidad no ayuda a la situación de tres activistas de la PAH. Una de ellas es Ainhoa Lafuente, quien vive en Barcelona con sus padres: "Compré un piso en 2005, y en 2013 me quedé en paro con una niña pequeña. Tiene tres años". Con el tiempo, su situación se hizo insostenible y, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las cuotas, perdió su casa en Terrassa. "Mis avales son mis padres. Son personas de 70 años, enfermas. Han trabajado toda su vida. Van a por ellos y su vivienda", ha denunciado Lafuente, de 36 años, quien ha asegurado que se ve obligada a buscar trabajo en la economía informal para no tener que abonar la deuda: "Me obligan a trabajar en la economía sumergida".
Para Silvia Faura, el origen del problema es distinto. Pero el resultado no difiere. La madre de Faura, de 32 años, puede perder su piso al avalar una hipoteca que su hija ya no puede afrontar. Todo, porque tuvo que cerrar su empresa. En su caso, además, el Real Decreto no es aplicable, porque la condonación no se aplica a los préstamos concedidos por la Administración pública. "Tendré que seguir pagando. Saqué un préstamo ICO para pagar una pequeña empresa", lamenta.
Mari Carmen Jodar, por su parte, intentó negociar con el Banco Popular, la entidad que les ofreció su préstamo. “Hemos ido muchas veces a negociar con ellos y no ha funcionado”, ha asegurado Jodar, de 37 años. Como las otras activistas, vive en casa de sus progenitores, al no poder seguir afrontando la hipoteca. De ser desahuciada, no solo ella acabaría en la calle. Su marido, hijos y padre lo harían. En total, ocho personas.
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