Plataformas antidesahucios piden expropiar viviendas para su alquiler

Las plataformas antidesahucios de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia han defendido este lunes la expropiación de uso de las viviendas vacías de bancos, inmobiliarias o fondos de inversión fruto de ejecuciones hipotecarias para su alquiler durante cinco años.

Representantes de Kaleratzeak Stop Desahucios de los tres territorios han comparecido hoy ante la comisión del Parlamento vasco que tramita el proyecto de Ley de Vivienda y un grupo de personas de estas plataformas se han concentrado a las puertas de la institución.

Arturo Val del Olmo, de Stop Desahucios de Alava, ha explicado que proponen un decálogo de medidas contra los desahucios, la pobreza y la desigualdad, y ha considerado que la futura ley es una buena oportunidad para conseguir una herramienta eficaz de "lucha contra la emergencia habitacional" existente en Euskadi.

Ha recordado que con 85.000 demandantes de vivienda inscritos en Etxebide y 250.000 familias en el umbral de la pobreza es "inadmisible" que en la Comunidad Autónoma Vasca haya solo 6.000 viviendas públicas en alquiler, menos del 1 % del total de viviendas, frente a la media europea del 16 %.

Piden que la ley que se apruebe considere vivienda vacía la que lleve seis meses desocupada

Val del Olmo ha acusado al PNV y al PP de "unir fuerzas" para, al principio, impedir que hubiera una Ley de Vivienda, luego para retrasarla y posteriormente para advertir sobre posibles contenidos inconstitucionales, como los referentes a las expropiaciones.

Ante esta situación, los colectivos antidesahucios han propuesto al Parlamento que la futura ley recoja el derecho subjetivo y universal a una vivienda digna, que se pueda defender ante las administraciones y los tribunales.

Plantean que todos los recursos públicos en materia de vivienda se destinen a la promoción de viviendas en alquiler y que todas las VPO se dediquen a este mismo fin.

Stop Desahucios pide que la ley que se pruebe considere vivienda vacía la que lleve seis meses desocupada, ya que actualmente a los dos años establecidos hay que añadir el trámite administrativo para declararla como tal, unos plazos que ven "inadmisibles" en una situación de emergencia.

También han reclamado que la futura norma prohíba el desahucio administrativo en casos de imposibilidad económica verificable y que despenalice la ocupación.

Además, quieren que la ley obligue al Gobierno vasco a ejercer el derecho de tanteo en las ejecuciones de viviendas de protección oficial o a adquirirlas en subasta y que, en el caso de que la ejecución sea debida a imposibilidad de pago verificada, devuelva la vivienda a los afectados en forma de alquiler social.