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La Xunta rectifica y mantiene el equipo de la juez de la Pokémon

El Gobierno gallego se compromete a que se buscará un juez de refuerzo para Pilar de Lara y se mantendrán los dos puestos de funcionarios que se iban a suprimir

La juez Pilar de Lara, en su despacho
La juez Pilar de Lara, en su despacho

La Xunta da marcha atrás después de la polémica, más sindical que política, que suscitó el cese repentino de dos de las funcionarias que integran el equipo del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, el que investiga el caso Pokémon, la mayor causa contra la corrupción jamás abierta en Galicia. Si el jueves pasado les fue comunicado vía telefónica el inminente recorte (las trabajadoras debían contar los días de permiso que les quedaban y consumirlos antes de mañana viernes, su última jornada a las órdenes de la juez), ayer la magistrada titular, Pilar de Lara, recibía también por teléfono la noticia que anulaba la orden anterior. La sonora queja que envió por escrito la propia juez, que hablaba de “castigo” y “desamparo”; los comunicados de denuncia de sindicatos como UGT y CSIF; y la carta a las autoridades de las funcionarias del juzgado, que planteaban al vicepresidente Rueda sus sospechas sobre la existencia de motivos políticos para el recorte, pudieron influir en un cambio de decisión tan drástico como los mismos ceses. Era el propio director general de Xustiza, Juan José Martín, quien le daba el nuevo recado a la juez.

 La magistrada llevaba siete días aguardando que le contestase a sus llamadas del jueves y el viernes pasados, después de que otra responsable de su departamento le asegurase que Martín la llamaría, como muy tarde, el lunes. El alto cargo de Xustiza se excusaba en sus problemas de agenda. Y solo la llamó después de una reunión extraordinaria que tuvo lugar ayer entre representantes de la Consellería de Presidencia, que dirige Alfonso Rueda, y miembros del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En este encuentro acordaron prorrogar, en principio durante el mes de marzo, el contrato de las trabajadoras, que ven todavía su puesto en el aire porque definitivamente tendrían que marcharse si al final no se nombra un juez para respaldar en el trabajo a Pilar de Lara. Este es otro de los puntos que se trató en la reunión extraordinaria: el propósito, por parte del gobierno del Tribunal Superior, que preside Miguel Ángel Cadenas, de buscar, entre los jueces de los que dispone para cubrir emergencias o eventualidades en Lugo, uno que pueda hacerse cargo de las causas ordinarias del saturado Juzgado de Instrucción 1 mientras la titular saca adelante la Pokémon con todos sus brazos y su centenar de imputados. Sería uno de los llamados jueces de adscripción territorial, profesionales con experiencia, que ya en diciembre el servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, tras una visita, propuso para dar apoyo al ingente trabajo del juzgado lucense.

La permanencia de las funcionarias está supeditada al nombramiento, supuestamente en breve, de este juez de adscripción territorial. De todas formas, fuentes de los juzgados aseguran que estas trabajadoras ya estaban acostumbradas a la incertidumbre laboral. A pesar de que la Inspección del Consejo había propuesto que siguiesen en el juzgado hasta finalizar la instrucción de los casos Carioca, contra la prostitución, y Pokémon, sobre prevaricación, tráfico de influencias y sobornos a políticos, la Xunta, de la que dependen sus puestos, les renovaba los contratos hasta ahora mensualmente. A la situación de colapso del juzgado se sumaba que había expirado definitivamente en enero el contrato de una juez de apoyo y que el ministerio no envió sustituto para la secretaria del juzgado, de baja desde hace un mes.

Tanto los representantes sindicales como los propios trabajadores del juzgado relacionaron el pasado lunes el imprevisto recorte de la Xunta de Feijóo con la deriva que actualmente está tomando la Pokémon. Porque los ceses coinciden con la gran investigación abierta actualmente por la juez para desentrañar la supuesta financiación ilegal del PP de Ourense después de las revelaciones del exgerente de Baltar. Y también con los informes que elabora Aduanas sobre facturas falsas de Vendex que involucran al Ayuntamiento de A Coruña. En un escrito firmado por siete funcionarias del juzgado de De Lara, se recordaba además que “a la vuelta de la esquina se celebran varias elecciones” y que es posible que, por ello, los políticos “consideren conveniente poner alguna piedra en el camino y ver si pueden pasar las citas sin más sobresaltos”.