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La Junta acusa a Alaya de excederse en sus competencias

La juez solicita los informes adicionales sobre las transferencias de financiación de otras empresas públicas además de IDEA

La Junta ha recurrido el auto en el que la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE, insiste en solicitar los informes adicionales realizados por la Intervención General de la Junta sobre el uso de las transferencias de financiación en otras empresas públicas como Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa o RTVA para determinar si ha podido existir "paralelismo" con lo acontecido en la agencia Idea.

El pasado 23 de diciembre Alaya dictó un primer auto en el que tomaba dicha decisión, lo que ya fue recurrido por los servicios jurídicos de la Junta y motivó que la propia Fiscalía Anticorrupción solicitara a la instructora que aclarara la resolución y delimitara "el objeto y finalidad" de la diligencia solicitada. Después, la juez dictó un segundo auto insistiendo en ampliar su investigación a las referidas empresas públicas.

En su recurso, la Junta lamenta "desconocer" el escrito del fiscal solicitando la aclaración del mencionado auto "al no haber dado traslado del mismo". El escrito seña que la juez "amplía la fundamentación del requerimiento efectuado expresando que la prueba resulta útil y necesaria para constatar en relación con el uso de las transferencias de financiación en otras empresas públicas si ha habido otros informes adicionales por parte de la Intervención" en relación con estas empresas.

La representación jurídica de la Junta indica que "la ampliación del razonamiento de documentación referida a otras empresas públicas de la Junta que están siendo investigadas" por el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla supone, "como dijimos en el anterior recurso, un exceso de competencia" por parte de la magistrada "por venir atribuido el conocimiento de las diligencias acordadas" a Instrucción 16.

"Al mismo tiempo, si la investigación afecta a miembros de anteriores Consejos de Gobierno pudiera no ser de la competencia del juzgado su investigación por tener los presuntos investigados aforamiento", asevera el servicio jurídico de la Junta y añade: "También pusimos de manifiesto que no es razonable ni legal ampliar la investigación a hechos que no guardan conexión con la presente causa, lo que sin duda da lugar a una investigación prospectiva, siendo así que en nuestro ordenamiento jurídico están prohibidas las investigaciones generales".

La Junta recuerda asimismo "los riesgos derivados de la dilación de la investigación". "Como quiera esta parte ha recurrido el auto de fecha 23 de diciembre de 2014, en pura coherencia recurre este también en la medida en que su razonamiento jurídico es el mismo pero ampliado, y solicita la acumulación del presente recurso de apelación al recurso interpuesto contra", concluye el auto.

Pero, según la instructora, "no existe inconveniente alguno en ampliar la fundamentación acerca de la razonabilidad" de lo solicitado en dicho auto, lo cual se ha pedido "sólo a los efectos de la presente investigación", consistiendo la prueba "en la aportación de los informes adicionales que haya realizado la Intervención General de la Junta sobre el uso de las transferencias de financiación en otras empresas públicas de la Junta".

Esta información, según la juez, "resulta útil y necesaria para constar el alcance sobre el uso de tal partida presupuestaria para la realización de encargos de ejecución y subvención excepcionales, pues tal uso fue evidenciado en los Presupuestos anuales realizados por la Intervención de Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre las actuaciones de fiscalización permanente sobre dichas empresas en los ejercicios 2005 a 2007, las cuales fueron elevadas a la Consejería de Hacienda, y por esta al Consejo de Gobierno, quien aprobó tales actuaciones".

"Esto ya por sí solo pondría de manifiesto el indiciario conocimiento del uso generalizado de las transferencias de financiación por parte del consejero de Hacienda y altos cargos de dicha consejería, así como por el Consejo de Gobierno", asevera Alaya.

"Por ello, conociendo el contenido del informe adicional elaborado por la Intervención General respecto a IDEA, resulta de especial trascendencia conocer los informes adicionales que se hubiesen elaborado respecto de estas otras empresas, razón por la que se solicitó a la Junta de Andalucía la aportación de dicha documental", subraya la magistrada.