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La Xunta retira funcionarias a la juez del ‘caso Pokémon’

De Lara escribe a Vicepresidencia y denuncia su situación de “castigo” y “desamparo”

Pilar de Lara llega a los Juzgados de Lugo.
Pilar de Lara llega a los Juzgados de Lugo.

La determinación de los gobernantes en su lucha contra la corrupción no se deja sentir en el juzgado que investiga la mayor causa jamás vista en Galicia sobre prevaricación, tráfico de influencias y soborno a políticos. La magistrada del caso Pokémon, Pilar de Lara, se quedó a principios de enero sin juez de refuerzo; hace un mes sin secretaria titular porque está de baja y no ha sido sustituida; y el jueves sin un par de funcionarias dependientes de la Xunta. Alguien que llamaba de Vicepresidencia les daba el recado para que se cogieran los días de permiso pendientes, porque su cese era “inminente”.

La desmesurada carga de trabajo impidió a la titular, Pilar de Lara, tomarse más vacaciones en todo el año que siete días en agosto, cinco en septiembre y otros siete en diciembre. “Necesitaba irse con la familia porque estaba muy cansada”, aseguran personas relacionadas con el caso Pokémon. La retirada de efectivos coincide en el tiempo con el impulso que experimenta la investigación en este preciso momento: cuando se destapa el supuesto entramado de financiación ilegal del PP de Ourense y Aduanas elabora para la juez informes sobre facturas falsas de la empresa Vendex que salpican al Ayuntamiento de A Coruña.

En los últimos meses, al tiempo que avanzaba sola con la Pokémon, una causa inabarcable por la cantidad de ramificaciones que van surgiendo, De Lara se repartía los demás asuntos del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo con la juez de apoyo, que no era capaz de asumirlos todos. Desde enero, sin embargo, tiene que encargarse ella de todos y cada uno, sean causas complejas, ordinarias, juicios de faltas o los turnos de guardia. La magistrada responsable también del sumario Carioca (la más sonada causa contra la prostitución en Galicia, en la que están imputados miembros de todos los cuerpos de seguridad) dedica toda la mañana, el horario habitual de los juzgados, a los demás temas, y toda la tarde se centra en la Pokémon. Las tomas de declaraciones a testigos e imputados en el caso también se están señalando últimamente en horario vespertino. Aunque hay muchos días en los que allí ni siquiera se come.

Las inspecciones del Consejo

S. R. P.

En febrero de 2013, tras una inspección, el Consejo General del Poder Judicial propuso dotar al juzgado de Pilar de Lara de un juez de apoyo, un secretario más y cuatro funcionarios que deberían quedarse hasta que concluyesen la Carioca y la Pokémon. Esa juez sustituta llegó en julio de 2013, y su tercera y última prórroga expiró en enero de 2014. A la Xunta le correspondía poner los funcionarios pero, en vez de cuatro, en su escrito De Lara denuncia que solo puso uno apelando a las dificultades presupuestarias.

En diciembre de 2014, según recuerda la magistrada en su carta, el Consejo volvió a inspeccionar el juzgado y solicitó nombrar un juez de adscripción territorial, un grupo que depende del Superior de Xustiza (TSXG) y que vale para cubrir urgencias en las cuatro provincias. Desde el TSXG se explica que de momento “no consta” esta petición. Pero es la esperanza a la que se aferra De Lara. Mientras, el juzgado ha recibido ya noticia de que podría perder un secretario de refuerzo que nombró el Ministerio en 2013 y se ha quedado sin esas dos funcionarias que la Xunta vincula al “juzgado paralelo”. El TSXG asegura que sus miembros en la comisión mixta “no tomaron esa decisión”: “Poner o quitar funcionarios es competencia exclusiva de la Xunta”.

La Pokémon, que se fraguó precisamente durante la anterior precampaña de unas elecciones municipales, en 2011, se encuentra ahora más limitada de medios que nunca, aseguran las mismas fuentes de los juzgados de Lugo. Y esto mientras diversos representantes de los principales partidos piden públicamente celeridad porque la lentitud de la justicia causa indefensión a sus miembros imputados. Así lo entiende De Lara, según un escrito que ha enviado a la Xunta. Anteayer, cuando le notificaron el cese de las funcionarias, y también ayer, la magistrada intentó sin éxito hablar con el director general de Xustiza, Juan José Martín. Al final le envió un fax en el que reivindica la imperiosa necesidad de ese equipo de trabajo que se le retira y le advierte de que la medida “conduce sin justificación alguna a una absoluta situación de desamparo” al juzgado de Instrucción 1 de Lugo.

“No hay peor castigo para quienes tratamos de cumplir de forma leal y diligente con nuestro trabajo que el vernos privados de los mecanismos personales y materiales para ello”, dice en el escrito que fue remitido con copia al vicepresidente Rueda, al gobierno del Tribunal Superior y al servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Desde Vicepresidencia, no obstante, se niega cualquier intento de ahogo a De Lara: la última prórroga de la juez de refuerzo, dependiente del Consejo, expiró en enero, y la Xunta defiende que las funcionarias que se van formaban parte de ese “juzgado paralelo”. Asegura, además, que la decisión de cesarlas se tomó “a la vista de esto, en un grupo de trabajo creado en el seno de la comisión mixta” que forman la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. “Se van a producir indeseables consecuencias”, escribe la juez, “y los ciudadanos serán las víctimas”.