Aquagest pagó viajes a una hermana y sobrino de Baltar, según Aduanas
Los agentes piden a la juez que cite a declarar al secretario de la Diputación de Ourense
El Servicio de Vigilancia Aduanera ha remitido a la juez Pilar de Lara, instructora del caso Pokémon, un informe sobre el supuesto pago de viajes por Aquagest a un sobrino y una hermana de José Luis Baltar. Los agentes piden autorización a la juez para utilizar los datos fiscales de ambos y de Aquagest con el objetivo de analizar su actividad económica y fiscal.
El informe detalla una conversación , de abril de 2012, entre el entonces director de Aquagest en Galicia, Henry Laíño, y una mujer identificada como Ana que le comunica que habló con José Luis Baltar a quien le dijo que Henry “le iba a subir la categoría a su sobrino”, en alusión, según Aduanas, a Antonio Ángel Rodríguez Baltar, hijo de una de sus hermanas del extodopoderoso barón del PP, empleado en la concesionaria. Cuatro años antes, el grupo Agbar, propietario de Aquagest, había pagado a este empleado las facturas de avión y la estancia en un hotel de Barcelona, según la documentación aportada en el informe. El sobrino del expresidente no viajó solo. Lo acompañó, sostiene el informe, su tía Carmen Baltar Pumar, empleada en la Confederación Hidrográfica “y que no tiene ninguna relación con Aquagest”.
En el extracto de aquella conversación sobre el ascenso del pariente del expresidente que reproducen los agentes de Aduanas, Baltar “le dio las gracias” a la mujer que le transmitió la noticia “y le dijo que él vendía todo, que lo que quisieran, ya sabían”. No fueron, según Aduanas, los únicos viajes pagados por Aquagest relacionados con cargos de la Diputación. Los agentes han remitido otro informe a la juez solicitando que tome declaración al secretario de la institución provincial, Francisco Cacharro Gosende y a la abogada de Monforte Lucía Vázquez López.
Según este informe, la concesionaria pagó en 2007 dos viajes a Barcelona y a Málaga a Cacharro, “persona que no tiene relación con esa empresa y que sí trabaja para la Diputación”. Los agentes detallan que en 2012 Aquagest abonó 12.000 euros por un informe favorable a la prórroga del servicio en Santiago a nombre de Lucía Vázquez López “para que no figurara que hubiera sido realizado a Cacharro”. Aduanas, que sospecha que el informe fue realizado por el secretario de la Diputación, aporta la declaración a Hacienda de la abogada en la que consta un ingreso de 12.350 euros de Aquagest. Incluye además la conversación telefónica entre Laíño y Cacharro en la que este le dice que “anda por Monforte, que habló con Lucía y esta no le mandó la factura; lo que mandó a Henry es una minuta informativa” y la respuesta de Laíño diciéndole que le va “a pagar por transferencia, que no se preocupe”.
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