La juez rechaza que el ‘caso Blasco’ esté contaminado en su origen

La juez que investiga el caso Cooperación ha rechazado la comparecencia como testigo de la diputada de Compromís Mireia Mollà en la causa. La citación había sido solicitada por el imputado Ignacio Tauroni y tenía por objeto que la parlamentaria explicase cómo había conseguido el pen drive con información sobre la actividad de la red que desvió ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo y que entregó a la Fiscalía. La magistrada zanja así el intento de anular al menos parte de la causa al considerar que estaba contaminada en su origen.

La magistrada rechaza su testimonio por "irrelevante" y cuestiona que, aunque tal y como mantenía Tauroni, los documentos informáticos hubiesen sido extraídos de una de las fundaciones de la trama por un empleado o persona con acceso a sus ordenadores, ello implicase un delito. Y también descarta que, incluso en ese caso, aquella acción pueda contaminar el resto del procedimiento.

"La finalidad de hacer llegar a la denunciante" Mollà "el contenido de los archivos informáticos, era la de hacer público el mismo en orden a denunciar la actuación que se estaba llevando a cabo desde la fundación" y "que entendía que era delictiva", señala la magistrada Nieves Molina.

Siendo así, prosigue la instructora, "la conducta de poner en conocimiento de la autoridad competente para la depuración de lo que se entiende son hechos constitutivos de delito no es revelar secretos, sino cumplir con la obligación impuesta" por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para llevar a cabo su "deber de denunciar impuesto legalmente" manteniendo "su anonimato", la persona que supuestamente sacó los datos de la entidad de la trama "utilizó como intermediaria a la denunciante, haciéndole llegar el pen drive con los archivos que incorporó".

El solicitante de la comparecencia de la diputada, Ignacio Tauroni, es hermano de Augusto César Tauroni. Este último fue condenado a ocho años de cárcel en la primera pieza separada del caso, juzgada el año pasado, al ser considerado por los magistrados como director de la red que desvió ayudas junto al exconsejero Rafael Blasco, sentenciado a la misma pena.

La investigación del también conocido como caso Blasco empezó a raíz de las denuncias presentadas por Mollà y por la diputada socialista Clara Tirado.