La ruina de la Ciudad de las Artes Escénicas

El número de fundaciones públicas de la Generalitat quedó reducido a 12 en 2013, como consecuencia de la reestructuración del conjunto del sector público autonómico, tal como refleja el informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a ese ejercicio, el último realizado. El gasto agregado de esas fundaciones ascendió a 67,1 millones de euros. Dentro de la operación de cierre de entidades fundacionales ha pasado casi inadvertida la liquidación de la denominada Fundación de las Artes (no confundir con la Fundación Palau de les Arts, esa sí en el centro de la polémica últimamente, ni con la Fundación de las Artes y de las Ciencias).

La Fundación de las Artes surgió de la fusión en 2011 de las anteriores Fundación de las Artes Escénicas y Fundación de las Artes Contemporáneas. Sin prácticamente actividad durante años (más allá del montaje de la exposición artística en ermitas denominada Peregrinatio), arrastra desde los tiempos de la euforia en el gasto y los “grandes proyectos”, con la entonces secretaria autonómica de Cultura Consuelo Ciscar como promotora y la actriz griega Irene Papas como emblema, las consecuencias de la idea de crear en Sagunto, alrededor de una nave reacondicionada de los antiguos Altos Hornos, una Ciudad de las Artes Escénicas. La Generalitat ha tenido que asumir 25 millones de euros de pérdidas para la liquidación de ese proyecto una década y media después.

“En el epígrafe inmovilizado material figura un importe de 22,1 millones de euros, que se corresponde con obras realizadas en una nave que no es propiedad de la fundación”, señala lacónicamente la Sindicatura de Comptes, tras advertir de que no ha podido “verificar la existencia física de elementos de inmovilizado valorados en 213.000 euros”. El informe añade que “no se ha constituido ninguna provisión para hacer frente a la demanda de desalojo e indemnización por daños y perjuicios por la ocupación de la nave indicada en el párrafo anterior”.

En efecto, la famosa nave no es propiedad de la Generalitat. Los terrenos eran de la sociedad estatal Sepides, con la que la Generalitat todavía en 2012 intentaba llegar a un acuerdo de compra por tres millones. En el momento de iniciar su disolución, la fundación tenía un pleito judicial con Infoinvest, SA, que reclamaba la restitución del edificio y una indemnización de 945.559 euros. Así lo refleja la documentación sobre la Fundación de las Artes que ha llegado a las manos de la diputada de Compromís Mireia Mollà. Una documentación en la que se constata que el director gerente de la fundación, Tomás Ruiz Company, apuntaba a finales de 2011, en un “informe sobre la reducción del gasto” que solo la vigilancia de la nave costaba 118.065 euros anuales, pese a su rebaja en un 8%.

El coste de la plantilla, según ese mismo informe, estaba presupuestado para 2012 en 240.000 euros anuales. Ese dinero pagaba los sueldos del propio director gerente, de un jefe de administración y una jefa de prensa y de la coordinadora de actividades, que no era otra que Gloria Bas, profesora del Conservatorio Superior de Danza de Valencia y cuñada del expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Con un sueldo de 2.698 euros mensuales, Bas llevaba coordinando las actividades de una fundación prácticamente sin actividad desde los inicios del proyecto. Ruiz Company proponía en el informe: “Se puede reducir la plantilla de personal”.

La cuñada de Camps sobrevivió, como el resto, hasta el final del naufragio. La escritura de los acuerdos de extinción y nombramiento de liquidadores incluye un acta de la junta general extraordinaria, celebrada el 28 de diciembre de 2012, en la que se decide la rescisión de los contratos y se señala que a Irene Tomás, con antigüedad desde 2009, les corresponden 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades y a Gloria Bas, siete días de salario por año de servicio con el límite de seis mensualidades, lo que supone 9.410 euros de indemnización. Bas llevaba en la fundación desde el 15 de marzo de 2004.

“Es un nuevo agujero que nos pasa factura a los valencianos y valencianas, del que el Consell tendría que dar explicaciones y determinar responsabilidades”, señala Mollà. “Se trata de dinero público perdido en gestiones inexplicables que probablemente ha acabado en bolsillos agradecidos”. La diputada de Compromís considera muy sintomático que una familiar tan directa como una hermana de la esposa del expresidente Camps haya estado cobrando de un proyecto ruinoso que se puso en marcha en la época de Eduardo Zaplana “con grandes pretensiones que quedarían en nada”.