El alcalde de Vall d’Alba se aferra al cargo ante el silencio del PP

Francisco Martínez ocupó su sillón de alcalde de Vall d’Alba el pasado martes para presidir un pleno en el Ayuntamiento. La sesión duró diez minutos y transcurrió sin nada reseñable, salvo que el día de antes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana había hecho público su procesamiento por delitos relacionados con la corrupción. Martínez permaneció impasible a su nueva situación judicial que le acerca al banquillo de los acusados. Al finalizar la sesión, se levantó y se marchó sin responder a reiteradas preguntas sobre si iba a dimitir. Con su silencio dejó claro que su intención —a semejanza de la alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez— es aferrarse a la vara de mando. Tampoco nadie dentro del PP de Castellón le ha pedido públicamente que se vaya.

 Ningún dirigente del partido se ha pronunciado desde que el pasado lunes el TSJ informara de que un juzgado de Castellón había procesado a quien durante casi dos décadas fue la mano derecha del expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, en esta institución. Tampoco se ha hecho ninguna valoración vía comunicado oficial. La agenda del presidente de la Diputación y del PP en la provincia, Javier Moliner, le ha mantenido alejado de la capital durante la semana, lo que también le ha evitado tener que responder al respecto.

La juez encargada de la investigación considera que el todavía alcalde de Vall d’Alba ha podido cometer los delitos que le atribuyó el fiscal: posible prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios por proyectar la obra de la depuradora en Borriol sobre una parcela cuya propiedad comparte con sus hijos y por la que iba a recibir 51.000 euros por un solar valorado en 3.000. El ex número dos de Carlos Fabra se enfrenta a penas que van desde los dos a los siete años de cárcel, así como hasta diez años de inhabilitación. Han sido procesados también el exalcalde de Borriol y exdiputado provincial, Adelino Santamaría, los dos hijos de Martínez, su socio Raúl Babiloni y un empleado de este, así como un funcionario de la Diputación.

El PP valenciano ha indicado que se le ha abierto un expediente informativo que será disciplinario cuando se abra juicio oral y que su caso es distinto al de Milagrosa Martínez porque aún no hay fecha para el juicio. Tanto en Valencia como en Castellón remiten a la línea roja que impedirá a cualquier imputado por corrupción ir en listas. Esto pondrá fin a 24 años de mandato ininterrumpido en Vall d'Alba, pero no aclara si el partido actuará contra él antes de las elecciones.

La caída de Francisco Martínez es la caída de todo un referente del fabrismo en la provincia. Su caída en desgracia responde a la tenacidad de Silverio Tena, el concejal de Compromís en Borriol que un día decidió investigar por qué “de repente” los terrenos de una familia que estaban afectados por la depuradora desaparecieron del expediente y aparecieron otras fincas. Las sospechas —explica Tena— aumentaron al conocer el precio por el que el Ayuntamiento iba a expropiar el suelo. Pidió el expediente y vio el nombre de la sociedad Franvaltur como propietaria de una de las fincas. La casualidad hizo que días antes oyera por la radio el nombre de esta empresa vinculado a la hija de Francisco Martínez. Y el caso estalló.

El portavoz de Compromís en la Diputación, Enric Nomdedéu, recalcó las dificultades para acceder a la información. “Durante más de tres años se prohibió que le pusieran una silla para consultar el expediente”. El edil necesita muletas porque padeció polio de pequeño. Obstáculos a los que también lleva años haciendo frente el portavoz del PSPV en Vall d’Alba, Fernando Grande. “Llevamos diez años pidiendo información sobre proyectos, no dicen que no formalmente pero nunca hemos podido acceder a los expedientes”, dice.

El regidor ha hecho un enésimo esfuerzo por recopilar toda la información referente a proyectos realizados en el municipio y sus posibles vinculaciones con propiedades del alcalde. También la Fiscalía está haciendo pesquisas al estimar que hay una “evidente sospecha” de que algunas propiedades puedan estar relacionadas con actuaciones urbanísticas. El PSPV asegura que Martínez, que antes de ser alcalde regentaba una tienda de ultramarinos, tiene a su nombre un millón de metros cuadrados (entre ellos 80.000 metros en el polígono donde estaba previsto construir un PAI de Golf) y doce inmuebles, sin contar las que están bajo el nombre de tres sociedades. Los socialistas llevarán la próxima semana ante el fiscal todos los datos recabados sobre las propiedades de Francisco Martínez.