Los ediles del PP apoyan a Milagrosa Martínez en Novelda sin ser militante

Pendiente de un juicio por el que le piden 11 años de cárcel y expulsada cautelarmente del PP, Milagrosa Martínez continúa aferrada a la vara de mando en Novelda como un miembro más de los populares. La alcaldesa presidió ayer la Junta de Gobierno de este municipio del Medio Vinalopó sin alteración alguna, el orden del día fue aprobándose punto por punto por unanimidad. Y Martínez, que declarará junto a los miembros de la trama Gürtel apenas nueve días antes de las elecciones municipales, puede incluso resistir hasta abril como alcaldesa de un partido que la repudía.

El grupo municipal de los populares en Novelda no puede expulsarla en la actualidad pese a que fue el comité local del partido el que lo pidió esta semana por denostar la imagen del partido y desobedecer las líneas impuestas por el partido contra la corrupción. Sin embargo, Martínez, que cautelarmente ya no es militante, cuenta con los apoyos de siete, incluida ella, de sus 12 concejales. Los ediles afines permanecen atados de manos.

La situación no puede ser más incómoda para el presidente local del PP, Rafael Sáez, hasta ahora número dos de la alcaldesa y defenestrado por esta tras pedirle que abandonara el cargo por el bien de una organización lastrada en las encuestas por la corrupción. Miembro de la junta de Gobierno, Sáez votó ayer al unísono con sus compañeros.

La situación es peculiar, el martes pasado Sáez impulsaba y lograba por unanimidad la expulsión de Martínez del partido. En la directiva provincial del PP que preside José Ciscar no se descarta que haya movimientos dentro de los concejales populares. En Novelda lo tienen claro: quien quiera seguir en el PP, no puede seguir al lado de la alcaldesa. Con esa baza buscará Sáez negociar la expulsión de su mentora.

El PP se encuentra por el momento en un atolladero. Si no hay cambios de bando entre los fieles a Martínez, los afines al partido habrán de esperar a la resolución del Comité de Derechos y Garantías de la dirección regional. En cuanto oficialicen la expulsión, la que fuera presidenta de las Cortes Valencianas con Francisco Camps pasaría a ser una no adscrita.

Así, Martínez podría mantenerse como alcaldesa popular hasta un mes antes de las elecciones, a tenor de lo que se tardó en expulsar a seis regidores de Orihuela, incluida la presidenta local, Pepa Ferrando. La política vive en una guerra de desgaste desde que se empezó a investigar la trama Gürtel en Valencia. Imputada por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, primero se resistió a dejar su escaño en las Cortes. Solo lo hizo cuando el Tribunal Superior de Justicia dictó apertura de juicio oral, lo que mantuvo el desarrollo del caso en vilo: al perder su aforamiento, competía a la Audiencia de Alicante su juicio.

El camino más fácil para el PP en estos momentos sería pactar una moción de censura para el próximo pleno de marzo con la oposición que conforman los cinco concejales del PSOE-PSPV, los tres de UPyD y el único de Esquerra Unida-Els Verds.

La opción parece lejana. “Que primero la expulsen y luego que planteen la moción de censura”, considera el portavoz socialista Iván Níguez. “Ya les ofrecimos hace un año la moción cuando el TSJ dictó apertura de juicio”, cuenta Armando Esteve, de UPyD, “no pueden pretender un lavado de cara a meses de las elecciones a nuestra costa”.

Entretanto, Martínez no coge el teléfono ni a Alberto Fabra, presidente del PPCV, ni a su presidente, José Ciscar. Acusada en el caso Fitur por su connivencia con la red Gürtel en el alquiler de los pabellones de la Generalitat Valenciana, el TSJ pidió el martes que comenzase el embargo de bienes de la alcaldesa al no haber depositado los 635.000 euros que de fianza que le fueron impuestos.