El Consell dilata la entrega de facturas de la caja fija al PSPV

Más de 1.500 facturas ha pagado cada día laborable de media, desde 2006, la Generalitat con cargo a un mecanismo como la caja fija, destinado a gastos extrapresupuestarios de poca cuantía, dietas, locomoción y material. Éste era el cálculo que hacía en octubre pasado el diputado socialista en las Cortes Rafael Rubio, que denuncia el retraso del Consell a entregarle las facturas de varios ejercicios.

El parlamentario había solicitado y recibido a principios de diciembre los gastos pero solo como apuntes, sin el soporte de las facturas, donde se detalla no solo el coste sino quien lo realizó y cómo se justificó. Rubio reclamó el 19 de diciembre al Gobierno valenciano a través de la Mesa de las Cortes copia de las facturas que, por un importe de 18.137 euros, se pagaron a lo largo de 2014 en Presidencia en concepto de caja fija. También solicitó la documentación íntegra del ejercicio 2011.

El socialista recibió acuse de recibo del secretario primero de las Cortes, Antonio Clemente, inmediatamente después. El Gobierno valenciano está obligado a responder la solicitud del parlamentario en un plazo de 20 días. Rubio no ha recibido contestación a su requerimiento hasta un mes después.

La Consejería de Presidencia, Agricultura, Pesca y Agua respondió al parlamentario que “debido al elevado número de iniciativas parlamentarias atendidas, solicitamos una prórroga de 20 días del plazo previsto para responder a las solicitudes de documentación”, respondió el departamento que dirige José Ciscar.

“Ser una Administración transparente no consiste en abrir un portal y poco más. También hay que responder a las demandas de la oposición”, criticó Rubio, que lamenta que la consejería de Ciscar haya agotado el plazo de respuesta para luego reclamar una prórroga.

Según la Cuenta General de la Generalitat, la caja fija —un tipo de gasto que la oposición en bloque ha criticado por su opacidad— habría supuesto entre 2006 y 2013 un gasto de 1.152 millones de euros (en 2008 alcanzó el tope, con 190 millones, y en 2013 el mínimo, con 82,7 millones). Sin embargo, la normativa, a diferencia de lo que ocurría en el periodo socialista, —cuando se limitaba a un máximo del 7%—, permite destinar el 12% del capítulo 2 del presupuesto, es decir, del gasto ordinario, a esos pagos de libre disposición, lo que abre la horquilla a un gasto potencial de 2.189 millones hasta 2013, o a 2.530 millones si se incluye el vigente presupuesto de 2014.